Más protección
La solicitud de escolta por parte de dos alcaldes, Manuel Alejandro Porras Florentino de San Salvador Huixcolotla y Delfino Hernández Hernández, de San Miguel Eloxochitlán, demuestra que los municipios se han convertido en el primer campo de batalla entre las autoridades y las agrupaciones criminales. En el caso de Huixcolotla, la violencia es un hecho consumado con el asesinato de tres policías municipales. El propio Porras Florentino ya había sido víctima de un secuestro en 2021 cuando, siendo alcalde electo, fue privado de su libertad junto con su esposa, golpeado y posteriormente liberado. La situación de San Miguel Eloxochitlán se mueve en otro eje, aunque igualmente preocupante: la violencia política. Delfino Hernández, quien ha gobernado este municipio de la Sierra Negra por una década, gracias a la postulación de distintos partidos, enfrenta acusaciones de utilizar a la policía contra sus opositores, lo que coloca a la corporación como instrumento de coerción. Frente a ello, el pronunciamiento del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, quien condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y cuyas palabras conectan estos hechos locales con un patrón nacional: “Poner orden”, dijo el mandatario, implica afectar intereses ligados al robo de hidrocarburos y al crimen organizado. Lo que ocurre en Puebla no es una excepción, sino una muestra de la vulnerabilidad de los gobiernos municipales, corporaciones policiacas insuficientes o cooptadas y una línea cada vez más delgada entre el ejercicio del poder público y la sobrevivencia personal. ¿Será?
Alta incidencia
La supuesta destitución de Luis Antonio León Delgadillo, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia en Puebla, vuelve a exhibir la fragilidad de las instituciones encargadas de combatir el crimen, más allá de la presunta responsabilidad individual de un funcionario acusado de recibir sobornos, filtrar información y manipular investigaciones. Quien debía enfrentar delitos de alto impacto, ahora es señalado por supuestamente entorpecer la justicia para beneficio de los mismos criminales que juró combatir. León Delgadillo aprovechó esa puerta giratoria entre política y procuración de justicia, al pasar de candidato a la presidencia municipal de Ecatepec en 2024, a fiscal especializado en el estado de Puebla. La investigación abierta será el primer filtro para medir si el caso se convierte en un ejemplo de depuración, porque cada funcionario corrupto es un golpe directo a la credibilidad del Estado y un triunfo silencioso para la delincuencia organizada. ¿Será?
Huachicoleros
La declaración del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, sobre el incremento del robo de hidrocarburos en Huauchinango y Ahuazotepec, confirma lo que desde hace años se sabe: el huachicol sigue siendo una industria criminal activa, capaz de trasladar sus operaciones a las regiones del estado por las que cruzan ductos de Pemex. Resulta llamativo que, aunque la Secretaría de Marina lleva siete años con un operativo permanente en la Sierra Norte, el problema persista al grado de ubicar a estos municipios como los de mayor incidencia en la entidad, por encima de las demarcaciones ubicadas en el Triángulo Rojo o en el corredor Texmelucan-Tlahuapan. La realidad evidencia que los operativos, por sí solos, no han desmantelado las estructuras ni las redes que permiten el saqueo sistemático de combustible. El huachicol no sobrevive sólo por la habilidad del crimen organizado, sino por la innegable tolerancia, cuando no participación, de actores locales, policiales, políticos o comunitarios. ¿Será?