Revés judicial
Una controvertida decisión del Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal de Puebla, dejó sin efectos la sentencia de seis años de prisión por el delito de violencia familiar en contra de Javier N, presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez. El fallo no cuestiona las pruebas ni el razonamiento condenatorio que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió en mayor pasado, sino que anula la sentencia por un tecnicismo insólito: que el testimonio de Cecilia Monzón debía haber sido leído por la persona de la Fiscalía que lo recibió originalmente. Un argumento tan débil como alarmante, que ignora que se trata de una denuncia escrita, firmada y presentada por la propia víctima y que podría ser leída por cualquier funcionario en sala sin afectar su validez. La resolución no sólo desafía criterios previos de la Suprema Corte en materia de perspectiva de género, sino que abre la puerta a la impunidad mediante la manipulación de formalismos procesales. En lugar de garantizar justicia, se elige reinterpretar la ley para facilitar retrocesos. El tribunal ordena repetir una audiencia ocurrida más de un año atrás. Esto implica para la familia Monzón un ejercicio extremo de revictimización: volver a “probar” lo que ya fue probado, volver a escuchar lo que ya se escuchó, volver a cuestionar la palabra de una mujer asesinada por denunciar. Resulta inevitable preguntarse si estas resoluciones responden a torpeza jurídica o a una peligrosa indulgencia hacia agresores con poder político. En cualquier caso, el mensaje es devastador: cuando el sistema quiere cerrar filas, la justicia retrocede. Mientras el juicio por feminicidio continúa, este revés empaña los avances del caso y coloca nuevamente a Puebla mexicano bajo la lupa internacional. ¿Será?
País dividido
El chef poblano, Ruperto Vicens Márquez, permanece detenido en un centro de detención de Newark, Estados Unidos, desde el pasado 19 de octubre, cuando fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se dirigía a su restaurante. El poblano de 38 años y originario de San Luis Tehuiloyocan, en San Andrés Cholula, ha recibido el apoyo de vecinos y autoridades locales de Atlantic Highlands, la ciudad de Nueva Jersey donde fundó con hermano un negocio de comida mexicana llamado Emilio’s Kitchen. Incluso, la alcaldesa del lugar, Lori Hohenleitner, reconoció “qué comunidad tan increíble. Gracias a todos por su generosidad”, después del inicio de una colecta en GoFundMe. No obstante, desde el plano jurídico, el caso evidencia una de las mayores contradicciones del sistema migratorio estadounidense: la coexistencia de procesos legales activos con medidas de detención que parecen ignorarlos. El actual estatus de Ruperto incluye un permiso de trabajo vigente hasta 2028 y una petición de alivio migratorio en trámite, elementos que, en un sistema más justo, deberían detener cualquier acción punitiva precipitada. La audiencia de fianza será un punto decisivo, pero, cualquiera sea el resultado, el episodio ha dejado clara una realidad ineludible: Estados Unidos es un país dividido entre dos formas de entender la justicia, la primera, legalista y punitiva, que interpreta la migración como un problema de control y la segunda, comunitaria y pragmática, que reconoce el valor humano, cultural y económico de quienes llevan décadas construyendo una vida ahí. ¿Será?