Disputa urbana
El posicionamiento emitido por la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, frente al exhorto del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala exhibió la tensión política que subyace entre el ayuntamiento y el Gobierno del estado, tras el fatal accidente ocurrido en la Vía Atlixcáyotl. Más allá de una simple aclaración técnica sobre competencias territoriales, la alcaldesa destaca los operativos realizados previamente en contra de los arrancones en su territorio y subraya la cifra de vehículos asegurados, despejando cualquier señalamiento de omisión. Cuautle Torres insiste en que al personal municipal “no se le permitió acercarse al lugar de los hechos” el sábado por la madrugada, cuando dos jóvenes perdieron la vida, mientras que una tercera se encuentra en coma. Al mismo tiempo, la presidenta sanandreseña reafirma su “respeto” y “sana colaboración” con el gobernador, Alejandro Armenta, evitando una escalada política sin renunciar a deslindarse de responsabilidades. También llama la atención la precisión de que el accidente ocurrió en territorio del municipio de Puebla, lo cual se presenta como un dato técnico sacado del decreto de límites territoriales de 2013, pero que en realidad forma parte del mensaje político: San Andrés no es la autoridad responsable, aunque “asuma la responsabilidad que le corresponda”. El comunicado combina dos mensajes: uno hacia la ciudadanía, para mostrar diligencia y compromiso; y otro hacia el Gobierno estatal, para marcar límites y defender su autonomía política sin caer en confrontación abierta. El resultado, sin embargo, deja la impresión de una administración más preocupada por aclarar su propia margen de responsabilidad que por ofrecer medidas concretas ante una problemática recurrente: los accidentes fatales por las competencias de velocidad en la Vía Atlixcáyotl y una zona metropolitana donde las disputas de competencia han sido históricamente más visibles que las soluciones coordinadas. ¿Será?
Alegatos políticos
La tragedia ocurrida en la Vía Atlixcáyotl también detonó un fuerte intercambio de posicionamientos entre Morena y el Partido Acción Nacional, evidenciando cómo los accidentes viales de alto impacto pueden convertirse también en escenarios de disputa política. Por un lado, Morena Puebla atribuyó el incidente a la “falta de responsabilidad” del Gobierno municipal de San Andrés Cholula, administrado por fuerzas de la derecha. Señaló la ausencia de operativos constantes y una estrategia eficaz para controlar los arrancones en zonas previamente identificadas como riesgosas. Su mensaje combina condolencias, exigencia de justicia y una crítica directa al manejo municipal de la seguridad. En contraste, el PAN poblano lamentó los hechos, pero centró su respuesta en acusar a Morena de utilizar la tragedia con fines políticos. El partido argumentó que la Vía Atlixcáyotl involucra competencias estatales y municipales compartidas, por lo que la responsabilidad no puede atribuirse únicamente a un municipio. Desde su visión, la solución pasa por la coordinación institucional y no por la confrontación. Propusieron operativos permanentes y conjuntos entre los tres niveles implicados, así como el fortalecimiento de la videovigilancia y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos. El cruce de acusaciones revive el debate sobre la calidad de la gestión de la movilidad y la seguridad vial en la zona metropolitana y abre nuevamente la discusión sobre si las autoridades cuentan con estrategias suficientes para evitar que accidentes mortales como este se repitan. ¿Será?