La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reactivó uno de los casos financieros más polémicos de Puebla: el de la Fundación Jenkins, señalada por presunto lavado de dinero y desvío de recursos millonarios hacia paraísos fiscales en Panamá y Barbados.
Durante “La mañanera del pueblo”, Sheinbaum confirmó que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificar si existió evasión fiscal. La mandataria subrayó que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción.
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El caso, que involucra un fideicomiso con más de 14 mil millones de pesos, podría tener repercusiones legales tras años de inacción. El gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó a la Consejería Jurídica del Estado analizar si es viable presentar denuncias para recuperar los recursos, originalmente destinados a obras de beneficencia.
El Congreso de Puebla, encabezado por Pavel Gaspar, respaldó la decisión de la presidenta. A través de sus redes sociales, el legislador afirmó que no habrá impunidad y que la UIF debe esclarecer el destino de los fondos transferidos a cuentas en el extranjero.
El caso Jenkins se remonta a 2003, cuando la familia del fundador de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) trasladó más de 720 millones de dólares de la fundación original hacia nuevos fideicomisos fuera del país. Durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa Huerta, el escándalo resurgió entre denuncias, auditorías y órdenes de aprehensión.
Hoy, con la revisión ordenada por Sheinbaum, el expediente vuelve a tomar fuerza nacional, en un contexto donde la rendición de cuentas se ha convertido en uno de los ejes principales de su administración.
En palabras de Sheinbaum: “Por supuesto que pediremos a la UIF que revise este caso. No puede haber fundaciones que usen el nombre de la beneficencia para enriquecerse”.