La administración de Donald Trump ejecuta una reconfiguración acelerada del sistema migratorio al cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 16 países, ampliando el margen legal para deportaciones masivas. Desde el arranque de su segundo mandato, 675 mil migrantes quedaron expuestos a expulsiones tras perder esta protección. La decisión más reciente afecta a casi cuatro mil ciudadanos de Myanmar, bajo el argumento de que el país “ya no cumple las condiciones” que justificaron el TPS después del golpe militar de 2021.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la violencia persiste, evidenciando un uso político del programa. El recorte golpea sobre todo a comunidades de Haití, El Salvador y Ucrania, que concentran el 97% de los beneficiarios y perderán protección antes de 2026. A ellos se suman Honduras, Nicaragua y Venezuela, donde miles residen desde hace décadas en EU con familias ciudadanas.
Creado en 1990 como mecanismo humanitario, el TPS nunca fue diseñado como antesala de expulsiones, pero su desmantelamiento perfila una estrategia para reducir vías legales de residencia y preparar una política de deportaciones sin precedente rumbo a 2026.