Kyiv intensifica su lucha diplomática mientras resiste la invasión rusa.
Desde su solicitud de adhesión en 2022, Ucrania ha avanzado en reformas administrativas, comerciales y anticorrupción para cumplir los criterios de la Unión Europea (UE). Esta semana, la Comisión Europea reconoció el “notable compromiso” del país, aunque advirtió que aún debe consolidar su estado de derecho y fortalecer las garantías anticorrupción, tras el intento fallido del verano pasado de centralizar las agencias fiscalizadoras.
Bruselas aprobó además un nuevo desembolso de 1,800 millones de euros dentro del Mecanismo para Ucrania, fondos que respaldan la reconstrucción nacional y el funcionamiento del gobierno. Sin embargo, el principal obstáculo político sigue siendo Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, mantiene su veto sobre la siguiente fase de las negociaciones tanto para Ucrania como para Moldavia.
Desde el frente de Pokrovsk, el presidente Volodímir Zelenski insistió en que “bloquear a Kyiv es un apoyo específico a Putin” y que su país “no puede ser miembro parcial de la UE”. Aseguró además que la reconstrucción requerirá financiación europea sostenida durante al menos tres años, incluyendo el uso de activos rusos congelados.
Pese a las trabas, líderes como António Costa y Marta Kos han pedido mantener el ritmo de ampliación y garantizar un trato equitativo para todos los candidatos. Ucrania aspira a cerrar provisionalmente las negociaciones en 2028, una meta que —según Zelenski— es vital para la moral nacional y la credibilidad internacional.
Mientras tanto, la guerra continúa: Moscú controla una quinta parte del territorio ucraniano, intensificando su ofensiva en el este, mientras Kyiv refuerza posiciones con unidades especiales. La batalla diplomática por Europa se libra, esta vez, con la esperanza como arma principal.