La violencia en el Triángulo Rojo volvió a encender las alarmas. Un video difundido en redes sociales confirmó la autoría de la célula criminal conocida como La Operativa Barredora en la ejecución de tres policías municipales de San Salvador Huixcolotla, ocurrida la noche del 2 de noviembre. La grabación, de poco más de un minuto, muestra el momento exacto de la emboscada que terminó con la vida de la comandanta Yusami Monterrosas Apolinar, de 27 años, y los agentes Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigoza.
La escena es cruda y meticulosa. Dentro de una camioneta, varios hombres armados se observan listos para el ataque. Del retrovisor cuelgan escapularios, una estampa muy común en grupos que mezclan fe popular y violencia. Mientras uno conduce y otro graba, se escuchan disparos que retumban. Una segunda camioneta blanca acompaña la agresión. El copiloto, vestido completamente de negro, desciende y abre fuego de manera directa contra la patrulla estacionada junto a un Oxxo. El resto de los sujetos replica el ataque en cuestión de segundos.
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La escena coincide con los reportes oficiales: la patrulla circulaba sobre el bulevar Cuauhtémoc, esquina con 16 de Septiembre, cuando las dos unidades les cerraron el paso. Roberto y Arturo murieron al instante; Yusami fue trasladada primero al Hospital General de Tecamachalco y luego al de Traumatología y Ortopedia, donde perdió la vida minutos más tarde.
Junto al vehículo oficial, los agresores dejaron una manta con amenazas dirigidas a presuntos rivales locales:
“Esto les pasa por apoyar al Gallo, Huixcos, Pelones, Julio, Morch, Paco, Pato, Pechugas, Andrés, Doble K, Tontín”.
Ante la difusión del video, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció la autenticidad de la grabación, pero advirtió que no se pueden adelantar conclusiones, al tiempo que confirmó dos líneas de investigación. También reveló que Huixcolotla no había solicitado apoyo de seguridad, pese a recientes acercamientos institucionales.
Tras el ataque, todos los policías municipales renunciaron, por lo que el estado asumió el control. Desde ayer, 15 agentes estatales patrullan la zona mientras se reestructura la corporación.
El presidente municipal solicitó protección tras recibir amenazas y el gobernador Alejandro Armenta anunció un seguro de vida de un millón de pesos para las familias de las víctimas.