Australia implementó un experimento regulatorio inédito al prohibir que menores de 16 años accedan a redes sociales, generando un amplio debate sobre salud mental, libertad digital y privacidad tecnológica.
Más de un millón de cuentas serán desactivadas bajo un esquema que impone multas millonarias a plataformas que incumplan, según cifras publicadas por el gobierno australiano.
La administración federal sostiene que busca frenar algoritmos “depredadores” y proteger a una generación expuesta a crecientes riesgos digitales documentados por investigaciones oficiales.
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Canberra señala que 96% de menores entre 10 y 15 años usa redes y que una mayoría ha visto contenido violento o relacionado con autolesiones.
Uno de cada siete menores reportó situaciones relacionadas con grooming, un indicador que reforzó la urgencia de la nueva regulación.
La medida cuenta con apoyo social, según un sondeo de YouGov, y familias afectadas por acoso digital consideran que la intervención gubernamental era necesaria.
Sin embargo, especialistas y adolescentes advierten riesgos para la expresión, la educación informal y la construcción de vínculos digitales, elementos esenciales en la vida contemporánea.
Jóvenes consultados en diversas ciudades expresaron temor a restricciones consideradas “extremas” y fácilmente eludibles mediante VPN u otros mecanismos tecnológicos.
Plataformas como Snap sostienen que desconectar a menores podría empujarlos hacia entornos menos seguros, complicando la supervisión.
YouTube calificó la legislación como precipitada y alertó sobre un posible desplazamiento hacia zonas más opacas del ecosistema digital.
El reto técnico incluye verificaciones basadas en biometría, estimación algorítmica de edad y análisis de uso, debido a la prohibición de solicitar documentos oficiales.
Expertos señalan riesgos por márgenes de error y dilemas de privacidad aún sin resolver en la práctica.
La neuróloga Limei Zhang advierte que la exposición continua a estímulos rápidos afecta la atención profunda, la empatía y la introspección en menores.
La comisionada Julie Inman Grant afirma que esta es la “primera ficha de dominó”, mientras otros países analizan medidas similares.