En muchas ocasiones olvidamos las muchas y diversas consecuencias que viven las familias de las personas que han sido asesinadas, desaparecidas o aquellas que han vivido algún tipo de violencia.
Seguramente en su vida diaria recuerdan los momentos vividos antes de que cualquiera de estos flagelos les ocurriera a sus personas queridas. Quienes murieron o desaparecieron probablemente reafirmándose cada día que todas continúan con ellas, pero sintiendo un dolor y un vacío siempre presente, Cristina Rivera Garza refleja esta experiencia terrible en su libro El invencible verano de Liliana, escrito en recuerdo del feminicidio de su hermana.
Este flagelo es un gran reto para el Gobierno, los delitos en contra de las mujeres y niñas van en aumento: 597 feminicidios en este año con corte al mes de octubre, tan sólo entre agosto y octubre pasaron de 48 a 74. Diariamente en México desaparecen 43 personas, “…por cada 100 hombres adolescentes desaparecidos, existen 77 mujeres menores de 20 años reportadas como desaparecidas…”, señalando que un mayor riesgo se presenta en los estados de Puebla, Hidalgo, Chiapas y Estado de México, reporta la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; y una vez más es presentado, ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa integral que incluye reformar 17 leyes y 10 compromisos.
Ojalá se aplique en el caso de la nueva normativa propuesta cuando ésta sea aprobada y se cumpla, en el caso de los compromisos; porque un problema ha sido la falta de seguimiento de acciones al cambio de los gobiernos de cualquier nivel. En 2008 se presentó un plan estratégico, incluso un presupuesto transversal con perspectiva de género; se etiquetaron recursos, todo para combatir la violencia y la desigualdad; poco a poco desde el sexenio anterior se ha ido desmantelando.
¿Ahora sí se podrá avanzar? ¿Con esta Suprema Corte que de inicio pretende abrir juicios ya resueltos con sentencias firmes para ser nuevamente revisados? Por fortuna hasta la presidenta lo rechazó, aunque claro recordando en su alocución que como es un Poder autónomo se trataba sólo de su opinión personal; pero inmediatamente de este rechazo la Corte difundió un comunicado en el que muestra “su respeto absoluto al principio de cosa juzgada”. ¿Poder autónomo?
Peor aún, acaba de decidir no declarar que es inconstitucional la eliminación del fondo presupuestal para la atención y reparación de las víctimas que violenta también el Principio de Progresividad, negándose con ello a garantizar el derecho que tienen las víctimas a una reparación integral. Preocupante lo que sucede en la nueva Corte.
Y además con unas Fiscalías que lamentablemente reproducen la violencia sistemática contra mujeres y niñas que deciden presentar denuncias. Tan sólo un ejemplo de esta gran brecha existente para acceder a la justicia la vivimos recientemente en nuestra entidad poblana: una niña indígena de 11 años, violada, después de un recorrido de cuatro horas desde su comunidad en Pahuatlán al municipio de Huauchinango acompañada de su familia, en búsqueda de justicia, pretendían presentar su denuncia. No se la recibieron porque no había un traductor certificado.
En un contexto de violencia generalizada, lo dicho, niñas, mujeres y además indígenas acrecienta las vulnerabilidades y eso que tan sólo intentaron tener acceso a la justicia con la impunidad que la acompaña. Sólo la presión social logró que pudiera ejercer un derecho que de origen era obligada su aplicación por parte del Ministerio Público.
El titular de la Fiscalía General de la República, otra institución supuestamente autónoma, es retirado del cargo en el contexto de un proceso muy extraño y fuera del marco legal, acompañado por las mismísimas presidencias tanto de la titular del Ejecutivo federal como del Senado de la República, más allá de todo lo que este hecho implica. ¿Será que esto permitirá ahora sí fortalecer su trabajo y el de las fiscalías estatales y disminuir la impunidad? Ya veremos.

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