El gobernador Alejandro Armenta Mier sentenció que terminó la etapa en la que se utilizó a la administración estatal como instrumento para el saqueo y dejó claro que no volverá a ser un botín al servicio de funcionarios y grupos de interés.
“Poner orden no es una tarea caprichosa del Gobierno; significa lograr que el derecho que le asiste a la sociedad sea respetado, en el sentido de que tu derecho termina donde comienza el derecho del otro”, subrayó.
Afirmó que durante su administración se está poniendo orden y que actualmente se atienden al menos nueve contratos heredados de administraciones anteriores, correspondientes a obras inexistentes, realizadas con la complicidad de autoridades y empresarios que pretendieron saquear al estado.
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“Porque tenemos sentencias de pago y estamos negociando para que los poblanos no tengan que pagar contratos corruptos firmados por autoridades y empresarios para saquear a Puebla desde el poder”, indicó, aunque no dio mayores detalles por las investigaciones en curso.
Señaló que, de ser necesario, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar actos de corrupción que involucran a exfuncionarios, jueces y magistrados.
“El cochinero que nos dejaron otras administraciones, pronto lo daremos a conocer; no hemos podido hacerlo público por respeto al debido proceso y la presunción de inocencia; pero cuando sea posible, se sabrá quiénes dejaron saqueada a Puebla de manera brutal”, reiteró.
Sostuvo que ningún partido político tiene la calidad moral para juzgar su gestión ni afirmar que la ciudad no ha sido atendida.
Aunque se realizan obras de pavimentación y acciones a favor de la capital, ello no exime al Gobierno municipal, encabezado por José Chedraui Budib, de garantizar servicios públicos adecuados para los poblanos.
“Las concesionarias, o brindan un buen servicio o serán sancionadas, porque nos interesa que la ciudad esté limpia, que haya agua y alumbrado público”, recalcó el gobernador.