Organizaciones de la sociedad civil que impulsan una movilidad accesible, incluyente y segura advirtieron que el estado de Puebla atraviesa una grave crisis de inseguridad vial, luego de la cadena de siniestros registrados durante la última semana, entre ellos la muerte de Mary Carmen y Sandra Paola en la Vía Atlixcáyotl.
A través de un posicionamiento público, los colectivos ciudadanos, representados por los activistas Armando Pliego y Lizeth Mejorada, señalaron que estos accidentes “han generado dolor, indignación y un profundo sentido de emergencia colectiva”, situación que evidencia un modelo de movilidad que privilegia la velocidad vehicular por encima de la protección y el respeto a la vida humana.
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Recordaron que, además de estas muertes, se han registrado otros hechos graves, como el atropellamiento de un ciclista repartidor en la colonia Santiago, así como las lesiones sufridas por la asistente de una diputada local, quien fue embestida por un vehículo mientras circulaba a bordo de una motocicleta.
En este contexto, las organizaciones alertaron que la inseguridad vial continúa cobrando vidas de manera constante, particularmente entre personas jóvenes, como resultado del “culto social a la velocidad, la permisividad frente a conductas de alto riesgo y un diseño vial que favorece la circulación rápida por encima de la seguridad de peatones, ciclistas, personas con discapacidad y usuarias y usuarios del transporte público”.
CUESTIONAN DISEÑO
En el mismo posicionamiento, las organizaciones cuestionaron de manera directa el diseño de la Vía Atlixcáyotl, advirtiendo que no se puede continuar construyendo ni manteniendo autopistas urbanas dentro de la ciudad, especialmente en zonas donde confluyen universidades, hospitales, oficinas y comercios, ya que esta infraestructura contraviene lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Asimismo, denunciaron la falta de controles estrictos en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, al señalar que estas continúan expidiéndose sin la aplicación de exámenes prácticos obligatorios, además de la evasión sistemática de sanciones mediante el uso de placas vehiculares de otros estados para seguir infringiendo normas básicas de convivencia vial y seguridad pública.
Informaron que integrantes de la organización Manu Vive A.C. recibieron amenazas a través de redes sociales, luego de señalar el posible vínculo entre un club de arrancones y uno de los vehículos involucrados en el siniestro donde perdió la vida Mary Carmen, por lo que el jueves 11 de diciembre presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, subrayando que el ciberacoso y la intimidación no deben normalizarse ni tolerarse.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para implementar operativos permanentes y efectivos de control de velocidad, así como para establecer una mesa de trabajo conjunta con organizaciones civiles y personas especialistas, orientada al rediseño seguro de las calles y a un sistema de licenciamiento adecuado que incluya exámenes prácticos obligatorios.