Los centros penitenciarios de Puebla operan desde hace años al borde de su capacidad. Cifras del Inegi, evaluaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) y datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirman que los penales funcionan prácticamente llenos, con un margen mínimo para atender emergencias, separar perfiles criminológicos y garantizar servicios básicos.
El indicador más evidente es el porcentaje de ocupación, ya que durante 2024, los Ceresos operaron al 96.5 por ciento de su capacidad, un nivel que, sin llegar al hacinamiento extremo, evidencia que casi todas las plazas permanecen ocupadas de manera constante.
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El Inegi registró que, al cierre del primer semestre de 2025, el 37 por ciento de las personas privadas de la libertad están recluidas sin sentencia, lo que evidenció rezagos judiciales y una fuerte dependencia de la prisión preventiva, prolongando estancias en espacios saturados.
El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2024 de la CDH Puebla revisó las condiciones de los centros estatales y municipales. Sus análisis señalaron que la elevada ocupación agrava fallas ya existentes.
Las supervisiones detectaron la falta de separación entre procesados y sentenciados; deficiencias en atención médica, especialmente en padecimientos crónicos; y servicios básicos limitados en higiene, limpieza y mantenimiento.
Además, los visitadores constataron la insuficiencia de personal operativo, así como la escasa cobertura de programas educativos, laborales y terapéuticos.
De acuerdo con el organismo, estas condiciones comprometen la reinserción y elevan riesgos de violencia o vulneraciones a derechos humanos.
En respuesta a estas observaciones, la SSP ordenó en 2024 el cierre de siete penales municipales por condiciones críticas: carencias de seguridad, infraestructura deteriorada y falta de control interno.
Los internos fueron trasladados a Ceresos con mayor capacidad, aunque la medida incrementó la presión en penales ya cercanos a su límite operativo.
Fuentes de seguridad explicaron que los cierres buscaban prevenir riesgos mayores, pero reconocieron que el traslado masivo obliga a reorganizar espacios y reforzar la operación cotidiana.