La reforma electoral será el plato fuerte del periodo ordinario que iniciará en febrero de 2026, y no será aprobada de manera acelerada, afirmó Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado.
La legisladora aseguró que la iniciativa tendrá una discusión amplia y profunda, comparable al proceso legislativo seguido durante la reforma al Poder Judicial.
Castillo señaló que la propuesta implicará cambios estructurales en el sistema político, por lo que requerirá tiempo, análisis y debate responsable.
“La idea no es sacarla fast track; habrá una discusión”, afirmó la senadora de Morena, al referirse al proceso parlamentario que se prevé.
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Indicó que la reforma electoral impactará directamente en las reglas de competencia política, la conformación de instituciones electorales y los mecanismos de representación.
También se analizarán aspectos vinculados con la austeridad republicana, lo que incrementa la complejidad del proyecto legislativo.
La presidenta de la Mesa Directiva rechazó que la mayoría oficialista legisle “sobre las rodillas” y defendió el trabajo acumulado en iniciativas previas.
Aseguró que muchas de las propuestas actuales son resultado de años de reflexión legislativa y lucha política.
Respecto a posibles cambios como la reducción del financiamiento público a partidos o la disminución de legisladores plurinominales, Castillo consideró legítimo avanzar hacia la austeridad.
No obstante, subrayó que cualquier ajuste deberá garantizar la representación proporcional, incluyendo a las minorías políticas.
Explicó que una eventual reducción de legisladores tendría que realizarse conforme al porcentaje de votación obtenido por cada fuerza política.
“Es indispensable que estén representadas las distintas fuerzas políticas”, enfatizó la senadora.
En cuanto a la transparencia del Senado, recordó que la Cámara Alta es auditada por la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, reconoció que es necesario fortalecer la rendición de cuentas, especialmente en la Junta de Coordinación Política.
Finalmente, reiteró que la reforma electoral se construirá mediante un proceso legislativo responsable, acorde con su impacto institucional.