El Senado de la República, con mayoría de Morena y aliados, aprobó una prohibición total a la comercialización, producción, transporte, importación y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el país, una decisión que reconfigura el mercado y desata una fuerte discusión política sobre seguridad, salud pública y control del crimen organizado.
La reforma —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— incluye además la creación de un sistema de salud interoperable, integrando al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y servicios estatales, con el fin de articular datos y fortalecer la atención médica bajo un modelo unificado.
Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano lanzó una moción suspensiva al advertir que la prohibición absoluta podría expandir el mercado negro, elemento que —señaló— sería aprovechado por el crimen organizado; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.
La nueva legislación también prohíbe toda publicidad relacionada con vapeadores en medios impresos, digitales, televisión, radio o cualquier plataforma. Además, establece penas de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta dos mil UMA (más de 226 mil pesos) para quien fabrique o venda estos dispositivos.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó que la prohibición “dejará el negocio en manos del crimen organizado”, y propuso en cambio una regulación estricta. A ello respondió la senadora del Partido Verde, Rocío Corona, quien aseguró que la reforma “no abre la puerta a grupos criminales” y que la Secretaría de Salud debe reforzar acciones para evitar el mercado ilícito.
La normativa solo permite el consumo y posesión personal, siempre que no exista una intención comercial. Con ello, México avanza hacia uno de los veto más amplios de Latinoamérica en materia de dispositivos electrónicos para fumar.