Entramado familiar
La escena política en Quecholac vuelve a exhibir el entramado de intereses familiares y partidistas que, lejos de aportar estabilidad a la región, profundizan la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades. La intervención de la alcaldesa Guadalupe Martínez -hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, el afamado Toñín-, para resolver un bloqueo carretero mediante la proyección de un mensaje político del diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, aumentó la fragilidad institucional de un municipio dominado por figuras con poder fáctico y capital político, que parecen estar por encima de las instancias gubernamentales. Las reiteradas menciones a la familia de la alcaldesa, sugieren que el poder en Quecholac no descansa en el municipio ni en la ley, sino en redes de influencia que se han normalizado peligrosamente. En una región históricamente marcada por la operación de grupos dedicados al huachicol, la presencia protagónica de estas figuras en la gestión pública levanta sospechas legítimas sobre quién realmente controla el territorio. Por si fuera poco, este episodio se inserta en una pugna más amplia dentro de Morena en Puebla, donde el Gobierno estatal acusa intentos de desestabilización provenientes de diversas facciones, incluidas las cercanas al senador Ignacio Mier Velazco y su hijo, el mencionado legislador federal. Incluso, en el contexto de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción contra exfuncionarios estatales, el Gobierno poblano indicó que el "ruido" proviene del Senado. Esta mezcla de lazos de sangre, intereses políticos y potestad institucional no contribuye ni a la paz ni a la gobernabilidad en la región. Por el contrario, fortalece la percepción de que ciertas familias ejercen un poder paralelo que rebasa y condiciona las decisiones públicas. En este escenario, la ciudadanía queda atrapada entre la desconfianza y la incertidumbre, mientras la administración pública parece supeditada a dinámicas que deberían estar lejos de cualquier Gobierno que aspire a la estabilidad y la transparencia. ¿Será?
Escenas forenses
La identificación de tres de los siete cadáveres hallados en una barranca de Nopalucan de la Granja, representa el capítulo más reciente de una espiral de violencia que Puebla arrastra desde hace al menos dos años. El estado, que en otros momentos presumió estabilidad relativa frente a la crisis nacional de seguridad, hoy enfrenta una escena que se normaliza peligrosamente: cuerpos abandonados en espacios públicos, mensajes criminales y patrones de ejecución repetidos. Lo inquietante es la posible conexión con un secuestro masivo en Tepeaca, un indicador de que grupos criminales operan con suficiente impunidad como para retener, trasladar y ejecutar personas sin enfrentar una reacción inmediata. Durante 2025, Puebla acumuló escenas de violencia extrema: cuerpos abandonados en Analco, el Centro Histórico, mercados, carreteras y el Periférico Ecológico; víctimas envueltas en plástico; personas desaparecidas que reaparecen como cifras en una carpeta de investigación. El catálogo se repite mes tras mes, con variaciones mínimas en el método y con una constante en el resultado: impunidad. Lejos de tratarse de casos aislados, la cronología muestra un incremento en la frecuencia, la visibilidad y la crueldad de los actos violentos. Cada cuerpo abandonado habla de una vida arrebatada y de un territorio en disputa. No hay un diagnóstico oficial que explique el repunte; tampoco compromisos verificables que permitan entender qué se está haciendo para contenerlo. Mientras tanto, la ciudadanía se acostumbra a titulares que describen escenas forenses como parte del paisaje diario. ¿Será?