Infancias trans
La iniciativa presentada por la diputada local por Morena, Gabriela Chumacero, coloca en el debate legislativo una deuda del marco jurídico local: el reconocimiento pleno de los derechos de las infancias trans. No se trata de una ocurrencia política ni de una agenda ideológica, sino de una respuesta directa a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, desde la acción de inconstitucionalidad 73/2021, dejó claro que negar el reconocimiento de la identidad de género a niñas, niños y adolescentes vulnera derechos fundamentales. La propuesta de reformar los artículos 831 y 875 bis del Código Civil apunta a un principio básico: la igualdad ante la ley sin distinción de edad. Reconocer que toda persona puede solicitar un acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida no crea nuevos derechos, sino que corrige una exclusión normativa que ha tenido consecuencias en la vida cotidiana de quienes no encajan en categorías rígidas, como alegaron distintas organizaciones defensoras de la diversidad. En un contexto donde estos temas suelen ser politizados o postergados, la discusión pondrá a prueba si el Congreso está dispuesto a legislar conforme a la Constitución y a los criterios del máximo tribunal, o si optará por la inercia y la omisión. ¿Será?
Triángulo Rojo
El mega decomiso de combustible robado en Tepeaca parece un golpe operativo más contra el huachicol. Sin embargo, la magnitud de la acción, con 30 pipas aseguradas y más de 82 mil litros de hidrocarburos incautados, obliga a una lectura más profunda sobre lo que ocurre en una de las regiones más complejas en materia de seguridad del estado: el Triángulo Rojo. El operativo revela la persistencia de una estructura criminal robusta en la región centro-oriente de la entidad. La cantidad de vehículos y la logística evidencian redes con capacidad de extracción, almacenamiento y transporte a gran escala. Que esta operación se realizara en las inmediaciones del gasoducto Tula–Guadalajara, confirma que los huachicoleros siguen apostando por puntos de alto rendimiento, a pesar de la vigilancia. En este caso, la suma de capacidades permitió un aseguramiento que, al menos en el corto plazo, impacta la operación de las bandas delictivas. No obstante, el reto va más allá del golpe mediático. Experiencias previas en la región indican que, si no se acompaña de investigaciones profundas y judicialización efectiva, este tipo de decomisos corre el riesgo de convertirse en una victoria temporal. ¿Será?
Una ciudad sucia
“Puebla no merece una ciudad sucia”, fue la frase empleada por el gobernador, Alejandro Armenta, cuando solicitó al alcalde capitalino, José Chedraui, que sancione a la concesionaria encargada de la recolección de basura. Más allá de la queja, el mandatario fijó su postura frente a la falta de eficacia y rendición de cuentas en los esquemas de concesión de servicios públicos. En este contexto, la basura se convierte en un termómetro de la capacidad local para hacer valer contratos, supervisar a empresas privadas y responder a las demandas sociales. Al aclarar que sus señalamientos no son amenazas, el gobernador marcó una defensa del interés colectivo. Sin embargo, el reto de fondo sigue siendo el pasar del señalamiento a la acción, de lo contrario, el problema de los desechos urbanos continuará evidenciando las debilidades de los modelos de concesión y la distancia entre el discurso y la experiencia diaria de la ciudadanía. ¿Será?