Monitor Vial
En el discurso, el Operativo Monitor Vial, puesto en marcha por el Gobierno del estado en la ciudad de Puebla, plantea una respuesta preventiva al problema del exceso de velocidad y los accidentes de tránsito. Sin embargo, su implementación abre el debate sobre la eficacia de este tipo de medidas, cuando la vigilancia y la sanción anteceden a la estrategia integral de movilidad. La presencia de cámaras y retenes puede generar un efecto inmediato de control, pero no necesariamente garantiza una reducción sostenida de conductas de riesgo si no va acompañada de infraestructura adecuada, señalización clara y educación vial permanente. En avenidas como la Vía Atlixcáyotl, donde el diseño urbano favorece velocidades altas, el control policial aparece como un paliativo que no atiende las causas estructurales. Las opiniones ciudadanas que respaldan el operativo reflejan una demanda legítima de mayor seguridad, pero también ponen de relieve fallas previas en la gestión del tránsito, como la falta de semáforos. El reto para las autoridades no se limita a detectar y sancionar infractores, sino a demostrar que el operativo forma parte de una política pública de largo plazo, capaz de reducir accidentes sin convertir la movilidad en un ejercicio permanente de supervisión punitiva. ¿Será?
Modelo IDE
Las cifras presentadas por el Gobierno del estado sobre la atención a mujeres en situación de violencia durante 2025 revelan, a primera vista, un esfuerzo institucional significativo. Más de siete mil mujeres atendidas, más de doce mil servicios otorgados mediante la implementación del Modelo de Intervención de Dupla Especializada (IDE), parecen confirmar una política pública activa. Sin embargo, el análisis exige ir más allá del volumen de atenciones y preguntarse por su impacto real, ya que el discurso oficial se concentra en la cantidad de servicios prestados, sin ofrecer indicadores claros sobre resultados: ¿cuántos casos derivaron en procesos judiciales efectivos?, ¿cuántas mujeres lograron romper ciclos de violencia? El IDE representa una herramienta valiosa en la atención a la violencia de género, pero su eficacia no puede medirse únicamente en números. El reto es transformar estas atenciones en cambios sociales y una estrategia clara de prevención que ataque las causas de la violencia, no sólo sus consecuencias. ¿Será?
100 agentes
La entrega de 50 vehículos a la Fiscalía General del Estado, junto con el anuncio de una revisión presupuestal para incorporar a 100 nuevos ministerios públicos, marca un movimiento relevante en la política de procuración de justicia del Gobierno estatal. El dato subrayado por la fiscal, Idamis Pastor, que desde 2013 no se registraba una ampliación presupuestal de esta magnitud, es clave para entender la profundidad del problema. Durante años, la falta de recursos materiales y humanos ha sido uno de los principales obstáculos para una justicia eficaz en Puebla, reflejado en investigaciones lentas, saturación de carpetas y una percepción ciudadana de impunidad persistente. Sin embargo, el verdadero alcance de esta decisión dependerá de la ejecución presupuestal y de la incorporación efectiva del personal anunciado, para atacar uno de los cuellos de botella estructurales del sistema: la sobrecarga de trabajo en las agencias del MP. ¿Será?