La suspensión de la comparecencia de Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, ha generado una ola de cuestionamientos sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el verdadero alcance del organismo autónomo. La comparecencia había sido anunciada públicamente por el diputado Roberto Zataráin Leal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, como un ejercicio para aclarar las acusaciones de inacción hechas por instituciones educativas.

La propia Sánchez Soya confirmó en entrevista que acudiría al Congreso para responder a los señalamientos del rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, quien calificó el trabajo de la CDH como “prácticamente inexistente”. El académico subrayó que el organismo apenas resuelve el 0.7 por ciento de los posibles casos de violaciones a derechos humanos, cifra que ha encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones civiles.

No obstante, el miércoles 17 de diciembre, el Congreso del Estado informó que la comparecencia no se llevaría a cabo, bajo el argumento de que la titular de la CDH únicamente asistiría a un evento de derechos humanos, mismo que también fue aplazado hasta enero. Esta versión contradijo directamente lo anunciado previamente por el diputado Zataráin, quien evitó explicar las razones reales de la cancelación pese a ser cuestionado por medios de comunicación.

El episodio se suma a una serie de silencios institucionales. Apenas el 15 de diciembre, Rosa Isela Sánchez Soya acudió al Congreso para encabezar un evento de entrega de reconocimientos a artistas urbanos. Al ser abordada sobre las críticas de la Ibero, la funcionaria evadió responder, asegurando que daría su postura “el miércoles”, lo cual nunca ocurrió.

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