El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó una advertencia directa y sin matices al Poder Judicial del Estado: los jueces y magistrados señalados por presuntos actos de corrupción deben ser investigados y sancionados antes del proceso electoral de 2027.
Armenta señaló que existen jueces que habrían emitido sentencias para obligar al gobierno estatal a pagar por obras que nunca se realizaron, lo que representa un posible daño patrimonial grave a las finanzas públicas. Según el mandatario, estas resoluciones no solo comprometen recursos del erario, sino que también evidencian una posible colusión entre magistrados y empresarios.
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Con miras al próximo proceso electoral para renovar los cargos del Poder Judicial local, el gobernador advirtió que “van a salir muchas cosas”, por lo que exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial a no ser omisos y actuar de inmediato. La consigna fue clara: investigar, aclarar y depurar ahora, antes de que los señalamientos escalen en un contexto electoral.
En el caso específico de las sentencias relacionadas con obras inexistentes, Armenta explicó que su administración ha optado por buscar la conciliación con los empresarios involucrados, apelando a la buena fe para que desistan de reclamar pagos por trabajos que no fueron ejecutados. Sin embargo, dejó en claro que estas negociaciones no sustituyen la obligación de investigar y sancionar posibles abusos de poder dentro del sistema judicial.
El gobernador recordó que una sentencia judicial genera una orden de pago obligatoria y que el desacato a dicha determinación puede derivar en la destitución del funcionario responsable. Para dimensionar la gravedad del tema, comparó esta situación con el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfrentó un proceso de desafuero por un desacato judicial cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
En este contexto, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, informó que ya existen tres sentencias firmes, emitidas en 2013, 2015 y 2023, relacionadas con estos casos. Actualmente, el gobierno estatal se encuentra en negociaciones para reducir el monto de los intereses, que representan una carga adicional para las finanzas públicas.
El panorama financiero no es menor. De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno de Puebla enfrenta alrededor de 100 contratos pendientes de pago. De estos, 10 concentran los montos más elevados, con un valor aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, cifra que enciende alertas sobre la sostenibilidad presupuestal y la necesidad de revisar a fondo el origen de dichas obligaciones.
Fiscalía, Registro Público y otros focos de atención
El llamado a la depuración institucional no se limitó al Poder Judicial. El gobernador exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a no permitir la permanencia de fiscales corruptos, al advertir que la ciudadanía ya no tolera prácticas que lastiman directamente a la población, especialmente en el acceso a la justicia.
De igual forma, señaló al Instituto Registral y Catastral, donde —dijo— deben castigarse con firmeza los actos de corrupción, pues afectan la certeza jurídica de los poblanos y abren la puerta a despojos y abusos patrimoniales.
Finalmente, Armenta informó que continúan las investigaciones por posible daño patrimonial en proyectos emblemáticos como la construcción del Museo Internacional del Barroco y la concesión de Agua de Puebla. En este último caso, reconoció que aún se analizan las alternativas legales y administrativas para resolver un problema que impacta directamente en la calidad del servicio que reciben miles de ciudadanos.