GERARDO GUTIÉRREZ
No es desatinado ponderar a una eventual reforma político-electoral regresiva como el mayor riesgo en nuestro país a corto plazo, como lo hace Integralia en su edición 2026 de los 10 principales riesgos políticos. Es el número uno, lo cual no es poca cosa en medio de un entorno internacional tan convulso, cuando incluso está en vilo la vigencia del TMEC.
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¿Por qué? Porque se trata de una auténtica contrarreforma que, considerando las iniciativas que han adelantado o sugerido sus promotores en el Gobierno, puede ser la puntilla contra el Estado democrático de derecho: implicaría retroceder a un régimen de concentración de poder que difícilmente puede ofrecer la gobernabilidad, la unión en lo esencial y la certidumbre que necesitamos ante los acuciantes problemas nacionales y frente a esta era de disrupción e inestabilidad mundial.
Tomando en cuenta que se contemplan cambios al sistema de representación legislativa que apuntan contra el pluralismo y en favor de una mayor sobrerrepresentación del oficialismo, esa regresión no sólo sería mala para nuestra democracia: también, muy probablemente, lo sería para nuestra economía, de por sí estancada.
Como bien apuntan los analistas de Integralia, a más concentración de poder, más margen de discrecionalidad, y con ello, más incertidumbre en el clima de negocios. El resultado sería, efectivamente, ahuyentar aún más la escasa inversión.
Como expone el equipo de Luis Carlos Ugalde, este es un año de mayor densidad de riesgos por la combinación de factores que perfila una potencial “tormenta perfecta”:
• Centralización política que puede derivar en toma de decisiones arbitrarias y leyes riesgosas, además de reducir los canales para la defensa jurídica y la interlocución política de los ciudadanos y las empresas.
• El lento crecimiento de nuestra economía, que es ya, más bien, un estancamiento endémico por la falta de certidumbre jurídica, un ambiente regulatorio deteriorado y la volatilidad del entorno internacional.
• El cúmulo de problemas que se agravan y, al mezclarse, complican más y más el entorno: control territorial del crimen organizado en diversas regiones, creciente conflictividad social, deficiencias del nuevo Poder Judicial y las tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.
Con ese contexto, el otro riesgo principal, una revisión del T-MEC que puede devenir en renegociación, se vuelve particularmente delicado.
En efecto, nuestro país podría verse obligado a realizar concesiones en materia de seguridad, a la par que enfrentar barreras no arancelarias, nuevas reglas de contenido regional y exigencia de más medidas contra la inversión y el comercio con China. Todo esto implica desafíos logísticos y de costos muy importantes para las empresas. Pero el riesgo trasciende lo técnico.
Lo principal: difícilmente veremos pronto certezas en este frente. Más bien, como apuntan los analistas de la consultoría de riesgos Eurasia, estaremos atorados en un limbo, con las empresas y los gobiernos sumidos en la incertidumbre mientras el presidente estadounidense se empeña en mantenerla, generando una inquietud generalizada. ¿Con qué propósito? Para maximizar su poder y su capacidad de presionar a fin de obtener concesiones económicas y políticas, tanto de Canadá como de México, pero también en Estados Unidos.
En fin, como vemos, hay un caldo de cultivo perfecto para el riesgo de una prolongación de la debilidad de la inversión. Esta se acentuó con la incertidumbre generada por reformas internas, en particular la judicial y la que eliminó la autonomía de órganos reguladores, pero también la de la Ley de Amparo y otras.
No se trata de ser pesimistas, sino de ver con realismo los riesgos, como principio para responder con soluciones puntuales y oportunas.