La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) enfrenta señalamientos por prolongar deliberadamente los litigios iniciados por personas afectadas que acuden a esta institución, con el objetivo de evadir el pago de indemnizaciones, apoyos económicos y atención médica, pese a que la ley establece plazos claros.
De acuerdo con una revisión documental, los procedimientos impulsados por la CEAV rebasan hasta los dos años, cuando la Ley General de Víctimas fija un límite de 20 días hábiles para que el Comité Interdisciplinario Valuador emita un dictamen sobre apoyos como medicamentos, transporte, hospedaje o viáticos.
El problema se agrava para las víctimas sin recursos, quienes no pueden costear un abogado ni cubrir gastos médicos mientras esperan una resolución. En contraste, quienes logran sostener un litigio han evidenciado estrategias dilatorias sistemáticas por parte de la Comisión.
Un reporte publicado por 24 HORAS reveló que los juicios de amparo contra la CEAV aumentaron 695%, al pasar de 20 en 2023 a 159 en 2025, según datos obtenidos vía Transparencia. Tribunales federales han documentado que la Comisión alegó falsamente la falta de documentos para ganar tiempo, aun cuando el Ministerio Público confirmó haberlos entregado previamente.
En uno de los fallos más contundentes, un tribunal señaló que permitir estos retrasos implicaría procedimientos arbitrarios e indefinidos, lo que vulnera los derechos de las víctimas. Además, se ha identificado como práctica recurrente que la CEAV solicite acceso a carpetas de investigación para “actualizar información”, trámite burocrático que puede retrasar meses una resolución.
Para los juzgadores, esta justificación carece de sustento, ya que los datos necesarios ya obran en poder de la propia Comisión. El patrón exhibe un problema estructural que contraviene el espíritu de protección a las víctimas y abre la puerta a una revisión profunda del actuar institucional.