La comparecencia de Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, ante el Congreso del Estado de Puebla dejó un saldo de dudas, inconformidad legislativa y señalamientos por omisiones en casos sensibles de derechos humanos.
Durante su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos, la titular de la CDH leyó íntegramente el informe ya presentado en noviembre pasado y repitió respuestas a cuestionamientos distintos, lo que generó críticas de diputadas y diputados del PAN y PRI, quienes consideraron que no se solventaron los temas planteados. Al finalizar, Sánchez Soya evitó responder a medios, lo que incrementó el malestar.
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Entre los asuntos que quedaron sin respuesta por falta de tiempo —derivada de la lectura de documentos— estuvieron los amparos contra la Ley de Ciberasedio, la violación de derechos en el caso de una menor indígena de 11 años en Pahuatlán y las medidas para evitar cortes de agua. La omisión fue señalada como grave por legisladores.
En cifras, la CDH reportó 8,563 quejas, de las cuales solo 18 derivaron en recomendaciones; además, 6,691 expedientes se cerraron por falta de seguimiento o improcedencia. Para la diputada Delfina Pozos Vergara, estos números evidencian falta de acción y un desempeño insuficiente.
Sobre la Ley de Ciberasedio, Sánchez Soya sostuvo que no promovió una acción de inconstitucionalidad porque la norma fue modificada y —afirmó— no vulnera la libertad de expresión, respuesta que fue considerada evasiva. En el caso de la menor de Pahuatlán, reconoció atención en curso, pero sin detallar avances.
Respecto al servicio hídrico, admitió que Agua de Puebla ha ignorado ocho medidas cautelares, por lo que se requiere coordinación interinstitucional. Al cierre, el PRI exigió su renuncia, mientras el PAN calificó la comparecencia como simulación y pidió no maquillar cifras.
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