En la Cámara de Diputados, grupos parlamentarios solicitaron debatir el descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que dejó 14 muertos y decenas de heridos recientemente ocurrido.
Sin embargo, la mayoría en la Mesa Directiva decidió priorizar en la agenda política el tema Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera la discusión del accidente ferroviario.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, explicó que el acuerdo aprobado estableció abordar únicamente el tema internacional durante la sesión legislativa actual.
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La legisladora del PAN señaló que distintas bancadas insistieron en discutir la tragedia del Tren Interoceánico, pero no se alcanzó consenso en la Mesa Directiva.
De acuerdo con López Rabadán, la votación interna determinó que la agenda se concentrara exclusivamente en el contexto político entre Venezuela y Estados Unidos actual.
Familiares de las víctimas y personas afectadas por el accidente anunciaron que preparan una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República correspondiente federal.
En contraste, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, exigió una investigación profunda e independiente sobre las causas y responsabilidades del descarrilamiento del proyecto ferroviario nacional.
El legislador priista solicitó la comparecencia del director del tren, responsables del proyecto interoceánico y del secretario de Marina ante la Comisión Permanente del Congreso.
Además, pidió suspender la operación del Tren Interoceánico hasta que se garantice la seguridad, y se expliquen fallas técnicas, financieras y ambientales detectadas oficialmente recientes.
Moreira subrayó que, más allá de las indagatorias ministeriales, el Congreso debe conocer la viabilidad financiera, infraestructura y costos adicionales del proyecto ferroviario federal actual.
El debate detenido ocurre mientras se proyectan nuevas asignaciones presupuestales, lo que incrementa la presión política para transparentar decisiones sobre obras estratégicas nacionales de impacto.
El caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico mantiene abiertas exigencias de justicia, rendición de cuentas y garantías de seguridad para futuros proyectos públicos federales estratégicos.