México ha incurrido en incumplimientos graves en materia de derechos humanos al entregar prisioneros a Estados Unidos mediante órdenes de “expulsión” administrativa, en lugar de activar los procedimientos formales de extradición, lo que representa una violación directa a tratados internacionales vigentes y a la propia Constitución.
El Estado mexicano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que prohíben la expulsión arbitraria de nacionales y establecen que cualquier restricción debe pasar por control judicial, debido proceso y recurso efectivo. La Convención es clara: nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional.
En la misma línea, el Pacto Internacional advierte que nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho de ingresar a su propio país, reforzando la obligación del Estado de respetar garantías mínimas, incluso en contextos de cooperación internacional.
El especialista en Derecho, Marco Antonio Avilés, subrayó que el problema no es la colaboración con Estados Unidos, sino el uso de atajos legales bajo el argumento de seguridad nacional. “Los tratados no se suspenden por razones políticas; contemplan restricciones, sí, pero siempre con intervención judicial”, explicó.
Desde febrero de 2025, en medio de presiones del gobierno de Donald Trump, se han documentado tres entregas masivas: 29 personas a finales de febrero, 26 el 12 de agosto y 37 más el 20 de enero reciente. En este último caso, abogados y familiares denunciaron ilegalidad en los traslados.
Para los expertos, al omitir la extradición, México renuncia a imponer condiciones legales, vulnera el debido proceso y se coloca en una inconstitucionalidad frontal, con posibles consecuencias internacionales.