La Fiscalía General del Estado tiene su propia estrategia para procurar justicia, y uno de sus actos para perseguir presuntos delitos de autoridades municipales, es la propaganda.
Así ocurre con los exalcaldes del distrito judicial y electoral de ciudad Serdán los hermanos exalcaldes Uruviel, Ramiro y Giovanni González Vieyra.
Los revocados exediles respectivamente de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca, fueron objeto de acusaciones falsas por la FGE por presuntos delitos, mismos que un tribunal federal descalificó (en dos casos: Giovanni y Uruviel) al calificar infundadas las acusaciones, y ordenó fueran liberados.
Dicho de otra manera, el despliegue policiaco militar (GN y Marina) para detenerlos sin respetarles la presunción de inocencia (narcomenudeo, posesión de armas…) y sin el debido proceso, fueron inexistentes por la falta de pruebas en las respectivas carpetas judiciales.
Había prisa política para revocarles el mandato a los tres alcaldes, violando la presunción de inocencia, sin un juicio, ni muchos menos una sentencia judicial de la culpabilidad.
Con los Poderes Judicial y Legislativo al servicio de la FGE y del Poder Ejecutivo que juzgó y condenó en la tribuna pública de las mañaneras a los alcaldes por los presuntos delitos -convirtiéndose en Ministerio Público y juez- les revocaron un mandato popular, y haciéndolos “perros del mal”.
Al encontrar un tribunal federal colegiado la inexistencia de los presuntos delitos, entonces los diputados de Morena encabezados por Laura Artemisa García Chávez violaron la constitución.
¿Con qué argumentos jurídicos revocaron los mandatos?; ninguno, solo por el sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, de una manera vulgar y pedestre al actuar por consigna.
A una ilegalidad se suma otra en la persecución y aprehensión de los tres alcaldes revocados, lo que dejó como evidencia que se trata de una acción motivada por razones políticas.
Por los presuntos delitos que motivó las respectivas aprehensiones y las revocaciones de mandato, son jurídicamente inexistentes, lo que deja a la FGE “autónoma” en el ridículo y a los jueces locales como juzgadores de consigna para torcer la ley.
Los tres exalcaldes, o cualquier otra autoridad no están exentos de incurrir en algún delito, pero la FGE tiene la obligación moral y jurídica como representante social de aportar pruebas, de lo contrario se convierte en el brazo ejecutor de una cacería de brujas.
Con las resoluciones federales a favor de la libertad de los exalcaldes Giovanni y Uruviel González Vieyra, la FGE fue derrotada porque inventó los presuntos delitos, al desvanecerse las pruebas por los presuntos delitos de narcomenudeo y posesión de armas.
Es un exceso -por no decir vergüenza- que se utilice a las fuerzas armadas como la Marina o la Guardia Nacional (GN) para un montaje judicial para ejecutar una vendetta política.
El Tribunal Federal colegiado demostró la inexistencia de la “posesión” de las presuntas armas de uso exclusivo del ejército, y lo único que aportó la FGE como prueba fue una “escopeta” utilizada por personal de vigilancia del alcalde, y ni siquiera en “posesión” como lo anunciaran en la embestida mediática para falsear la información, y llevarse entre las patas a la presidenta Sheinbaum, validando hechos que no le constaban.
Un juez de consigna envió a una cárcel de Teziutlán al exalcalde Giovanni, recapturado al salir de Tepexi de Rodríguez, sin que hasta la fecha le configuren algún delito, salvo la denuncia de una presunta ciudadana que lo acusó de no haberla atendido en una audiencia.
El juez que vinculó a Giovanni proceso con la primera acusación se abstuvo de conocer la segunda denuncia, y solo otro juez a modo de Teziutlán recibió la orden de “procesarlo”.
A la fecha, el otro exalcalde, de Chalchicomula de Sesma, Uruviel, recapturado también, la FGE hasta el momento no ha informado bien a bien de qué lo acusa, pese a que se estaban desahogando diligencias respecto a otra carpeta de investigación.
La FGE y el Poder Judicial actuaron por consigna, al igual que el Legislativo para revocarles el mandato, pervirtiendo las leyes al actuar por consigna política, en detrimento del Estado de derecho.
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