La crisis política y social en Minneapolis volvió a escalar luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara la suspensión —en calidad de licencia administrativa— de dos agentes federales implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años. Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection) aseguró que la medida responde a un protocolo estándar, pero el caso reavivó el debate nacional sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.
Un análisis de video de The New York Times documentó 10 disparos, seis de ellos cuando Pretti ya estaba inmóvil. Una revisión interna preliminar indica que, durante el forcejeo, un agente gritó reiteradamente “¡Tiene un arma!”; sin embargo, no hay evidencia de que Pretti la hubiera blandido. El arma, de portación legal, nunca fue desenfundada, según los reportes.
El episodio ocurre semanas después de otro hecho que tensó a la ciudad: el 7 de enero, un agente del Immigration and Customs Enforcement mató a Renee Good, también de 37 años. En ese contexto, Trump dijo buscar “desescalar” en Minnesota, pero horas después arremetió contra el alcalde demócrata Jacob Frey por rechazar la cooperación municipal con la ofensiva federal. “Está jugando con fuego”, escribió en Truth Social. Frey respondió que la policía local debe proteger a los residentes, no aplicar leyes federales que afectan a comunidades migrantes.
La presión federal aumentó. La fiscal general Pam Bondi informó la detención de 16 personas por presuntas agresiones a agentes y anticipó más arrestos. En paralelo, senadores demócratas condicionaron la discusión del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional a identificación visible, límites al uso de mascarillas y estándares estrictos de fuerza, con una fecha límite inminente. El caso Pretti se perfila como punto de inflexión en la relación entre seguridad federal, autoridades locales y derechos civiles.