A tres años de la desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, el Gobierno federal activó un mecanismo especial de investigación, tras la notificación de Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, además de la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos defensores fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 en Colima, un caso que ha generado presión internacional y reclamos constantes por parte de organizaciones civiles e indígenas. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró que “el Estado mexicano ha brindado atención permanente, coordinada y de buena fe”, en apego al marco jurídico nacional y a compromisos internacionales.
Como parte de la respuesta, se activaron mecanismos de búsqueda, atención a víctimas y protección, con la participación directa de los familiares y su representación legal. La dependencia destacó que existe una ruta de trabajo institucional dinámica, sujeta a revisión y fortalecimiento constante, mientras se mantienen informadas a las instancias internacionales sobre los avances del caso.
Este 15 de enero, la comunidad indígena de San Miguel Aquila se manifestó en la cabecera municipal: marcharon, participaron en una misa y se concentraron en el auditorio comunal para exigir a la Fiscalía General de la República la aparición con vida de los defensores.
La movilización fue encabezada por Uriel Gutiérrez, con la participación de indígenas nahuas aquilenses, familiares y amigos. De los familiares directos, acudieron Aurelio Díaz Valencia, hermano del profesor Antonio Díaz, y Refugio Magallón, suegra de Ricardo Lagunes. El caso continúa como referente crítico sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México.