El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, propuso la realización de consultas ciudadanas y la apertura de un diálogo público para analizar la propuesta de sancionar a quienes simulen una desaparición, luego del caso de Lidya Valdivia Juárez, que generó diversas reacciones.
García Parra sostuvo que los legisladores locales cuentan con plena autonomía para presentar sus iniciativas; sin embargo, argumentó que estas deben someterse a un análisis más amplio, en el que se tome en cuenta la opinión de la sociedad.
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“Sería conveniente que se invite a realizar foros en los que participe la sociedad, incluyendo grupos de transportistas y empresarios, porque desde luego este tipo de situaciones tiene consecuencias, sobre todo por las vialidades que conectan al sur-sureste del país y las pérdidas económicas que se generan por este tipo de movilizaciones”, mencionó el funcionario estatal.
Reiteró que, como Gobierno estatal, pugnarán porque se respeten los derechos humanos, así como el derecho fundamental a la vida.
Por su parte, la diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojallil, anunció a través de redes sociales que presentará una reforma con la finalidad de sancionar de manera severa a las personas que simulen ser víctimas de desaparición y que generen gastos públicos innecesarios derivados de la movilización de recursos.
En contraste, Susana Riestra Piña, diputada del Partido Acción Nacional, argumentó que se trata de una propuesta frívola, que criminalizaría e inhibiría las denuncias de las víctimas reales.