Robo de autos
El gobernador Alejandro Armenta puso en la mesa de discusión la normalización de la economía criminal en el territorio estatal. El señalamiento directo a autoridades municipales del llamado Triángulo Rojo, que presuntamente solapan el desmantelamiento de vehículos robados, evidencia la capacidad de una industria delincuencial que opera con logística, protección gubernamental y rutas bien definidas. La referencia a municipios específicos: Esperanza, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac, resulta especialmente delicada. No se trata de zonas marginales o invisibles, sino de corredores estratégicos atravesados por la autopista Puebla-Orizaba, donde la existencia de salidas irregulares y bodegas clandestinas difícilmente podría sostenerse sin omisiones del poder local. El llamado de Armenta a la ciudadanía, apelando a los valores familiares y a la denuncia social, abre otro análisis. Si bien es legítimo exigir corresponsabilidad comunitaria, el riesgo está en trasladar parte del peso del problema a poblaciones que, en muchos casos, conviven con estas economías ilegales por necesidad, miedo o falta de alternativas, como ha ocurrido durante muchos años con el huachicol. ¿Será?
Sin policías
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, ofreció otro dato revelador: en Puebla, apenas cuatro de cada 10 policías municipales cuentan con certificación. La falta de profesionalización no es un fenómeno nuevo, pero el vicealmirante confirmó que el problema persiste. Además, el uso inadecuado del Fortamun, un fondo diseñado precisamente para fortalecer las capacidades municipales, señala una disparidad alarmante ya que, mientras algunos ayuntamientos destinan una quinta parte o más de dichos recursos, otros apenas asignan cantidades marginales y, en casos extremos, nada. La consecuencia: corporaciones incompletas, mal capacitadas o, como en el caso de Epatlán, inexistentes. El reto no es únicamente incrementar el gasto, sino asegurar que cada peso invertido se traduzca en policías mejor preparados. De lo contrario, las cifras seguirán siendo un recordatorio de que la debilidad institucional no siempre se origina en la falta de recursos, sino en cómo se utilizan. ¿Será?
Cámaras IA
La incorporación de dos mil cámaras con Inteligencia Artificial (IA) al sistema de vigilancia de la capital poblana representa un nuevo paso en la estrategia municipal de seguridad basada en el uso de tecnología. Estos dispositivos operarán de manera continua y con capacidad de detección automática, lo que permitirá generar alertas sin depender del monitoreo permanente. El planteamiento oficial apunta a una optimización de recursos humanos y a una mayor rapidez en la identificación de situaciones de riesgo. La integración de las nuevas cámaras a la red ya existente sugiere un enfoque de expansión gradual, sustentado en análisis previos y reportes de incidencia, con el objetivo de fortalecer la cobertura territorial. El uso de sistemas automatizados de vigilancia también abre interrogantes sobre su efectividad en la prevención del delito y sobre los criterios para definir las zonas prioritarias. El impacto del sistema dependerá no sólo de la tecnología implementada, sino de la coordinación institucional y del seguimiento que se dé a la información generada, así como de la transparencia en su operación y resultados. ¿Será?