Ausencia voluntaria
La localización con vida de Lidya Valdivia representa, sin duda, un respiro para la sociedad poblana y un resultado que, en apariencia, confirma la eficacia de las autoridades. Sin embargo, más allá del desenlace favorable, el caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática persistente: la manera en que se aborda públicamente la desaparición de personas y, sobre todo, la violencia familiar que suele permanecer oculta tras estas historias. Las protestas de familiares de personas no localizadas se han vuelto una constante en Puebla y, aunque su exigencia de respuestas inmediatas es legítima, también evidencian una narrativa incompleta. En muchos casos, estas movilizaciones entran en conflicto con las versiones oficiales y se acompañan de un tratamiento mediático sensacionalista que poco contribuye a esclarecer los hechos. Más preocupante aún es que, detrás de algunas ausencias voluntarias, pueden existir entornos familiares marcados por la violencia, la presión o el control, factores que empujan a mujeres jóvenes a buscar una salida, incluso a costa de ser catalogadas como desaparecidas. El caso de Lidya no debe convertirse en un juicio moral ni en un espectáculo mediático, sino en un punto de partida para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva frente a la violencia intrafamiliar. ¿Será?
Nueva postergación
A casi una década de la desaparición de Paulina Camargo Limón, el caso demuestra que el sistema penal ya normalizó la espera como forma de justicia. La nueva postergación de la audiencia contra José María N, presunto responsable, evidencia cómo los aplazamientos administrativos se convierten en una forma silenciosa de revictimización. Un cambio de asesor, la falta de una carpeta de investigación y una audiencia diferida hasta febrero son detalles burocráticos que, en conjunto, pesan como años para quienes esperan respuestas. Además, la confirmación de que los restos óseos localizados recientemente en Veracruz no corresponden a la joven, descarta una línea de esperanza y reactiva la incertidumbre. La coincidencia de un rasgo tan específico como el uso de brackets dentales, había generado expectativas inéditas en la familia. El caso de Paulina no es sólo el de una joven desaparecida, sino el reflejo de un sistema que avanza con lentitud frente al dolor de las víctimas. ¿Será?
Acoso en el BINE
Las denuncias por presunto acoso sexual en el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), donde un docente es señalado por molestar una alumna menor de edad, obliga la firme actuación de las autoridades. La protesta realizada ayer por alumnos del BINE reflejó la preocupación de la comunidad estudiantil ante hechos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a la ética profesional y a los derechos de la menor involucrada. En este tipo de situaciones, la relación de poder entre docente y alumna es un factor determinante que obliga a las instituciones a extremar medidas de prevención y control. Si bien la Secretaría de Educación Pública informó el inicio de una investigación, resulta indispensable que estos procesos se conduzcan con transparencia, ya que las acusaciones de una posible protección sindical hacia el maestro inculpado o los señalamientos cruzados entre autoridades, padres de familia y personal docente, no deben distraer del objetivo principal: esclarecer los hechos y salvaguardar la integridad de los estudiantes. ¿Será?