CDH comparece
La comparecencia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, ante el Congreso del Estado dejó cifras abundantes, pero explicaciones escasas. Nueve mil solicitudes iniciales, más de ocho mil quejas formalizadas y un 78 por ciento de expedientes concluidos pueden sonar a eficiencia administrativa; sin embargo, el balance se desinfla cuando se contrasta con el impacto real de la institución. El dato más revelador no está en lo que se presume, sino en lo que se omite: apenas 18 recomendaciones emitidas frente a miles de quejas. Una Comisión de Derechos Humanos que recomienda tan poco parece más preocupada por cerrar expedientes que por incomodar al poder. Las 589 medidas cautelares y los servicios psicológicos y médicos, aunque necesarios, no sustituyen la función central del organismo: señalar violaciones, exigir responsabilidades y sentar precedentes. Más preocupante aún fue el silencio. Los cuestionamientos de mayor calado sobre la falta de acciones de inconstitucionalidad ante la reforma del ciberasedio, la perspectiva intercultural en la procuración de justicia y la atención a agresiones contra periodistas quedaron sin respuesta. Sánchez Soya entró y salió del recinto sin dar la cara a la prensa, una actitud que contradice el espíritu de transparencia que debería regir a un organismo autónomo. La CDH no está para administrar inconformidades, sino para defender derechos, incluso cuando eso implica confrontar al Estado. ¿Será?
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Rechazan ciclovía
La discusión en torno a la ciclopista proyectada en la Calzada Zavaleta vuelve a poner sobre la mesa un conflicto recurrente en la ciudad: la forma en que se toman decisiones de movilidad. La protesta de vecinos y comerciantes refleja un temor legítimo a las afectaciones económicas y viales que, aseguran, traerá consigo la obra. Sin embargo, el debate no puede reducirse únicamente a la pérdida de espacios de estacionamiento o al posible descenso en las ventas. Las soluciones a la movilidad urbana exigen replantear el uso del espacio público y cuestionar la histórica prioridad otorgada al automóvil. El problema de fondo parece ser la planeación. La existencia de ciclovías subutilizadas en la ciudad evidencia que no basta con construir infraestructura; es necesario integrarla a una estrategia coherente, bien socializada y respaldada por estudios técnicos y campañas de concientización. Sin diálogo ni transparencia, cualquier proyecto, por más noble que sea, corre el riesgo de convertirse en un nuevo foco de conflicto. ¿Será?
Multar a franeleros
Ante la apropiación ilegal de la vía pública, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Pavel Gaspar, pidió al Ayuntamiento de Puebla que sancione a los franeleros que operan en el Centro Histórico. La presencia de los llamados viene viene se ha transformado en un foco de inseguridad, ya que su “ayuda” para estacionarse deriva con frecuencia en extorsión, amenazas y conflictos, como los registrados en días recientes. El Centro Histórico, principal escaparate turístico de la capital poblana, no puede sostener su vocación si quienes lo transitan lo hacen con miedo o bajo presión. La pregunta ya no es si se debe actuar, sino cómo y cuándo. Garantizar seguridad y ofrecer alternativas reales son pasos indispensables si se quiere recuperar el espacio público. De lo contrario, el discurso quedará, una vez más, estacionado en buenas intenciones. ¿Será?