Durante el último año, 22 mil 270 personas quedaron inscritas en el Registro Nacional de Víctimas; sin embargo, solo 2% de estos registros fueron realizados directamente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras que el 98% restante correspondió a instancias estatales. Esta disparidad vulnera el acceso efectivo de las víctimas a apoyos, indemnizaciones y reparación del daño, al quedar sujetos a capacidades y criterios locales.
Información revisada por 24 HORAS revela que, con corte a septiembre de 2025, 20 mil 234 víctimas fueron registradas por comisiones estatales y apenas 2 mil 36 por la CEAV. Destaca el tercer trimestre (julio–septiembre), cuando las entidades federativas inscribieron a más de 13 mil personas por violaciones graves a derechos humanos o delitos cometidos por autoridades o particulares, con omisiones del Estado.
A ello se suma la opacidad en materia de recursos. En respuesta a una solicitud de información, la CEAV admitió no contar con un desglose de montos otorgados por reparación del daño o indemnizaciones entre 2023 y 2025, limitándose a estadísticas presupuestales generales. En el ámbito local se reconocieron 11 mil 699 víctimas directas, frente a 793 casos federales; además, las mujeres concentran más de 12 mil 900 registros.
Aunque la inscripción garantiza medidas provisionales, no asegura resultados. Prueba de ello es el incremento de 695% en juicios de amparo contra la CEAV: de 20 en 2023 a 159 en 2025, principalmente por falta de resolución en solicitudes de reparación.
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la necesidad de revisar los mecanismos de atención para evitar que las víctimas recurran a la vía judicial por ausencia de respuestas.