El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma la presidencia interina, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, informaron autoridades.
La Sala Constitucional instruyó que Rodríguez ejerza atribuciones y deberes del cargo para asegurar continuidad administrativa y defensa integral del Estado venezolano durante la crisis.
El fallo considera la ausencia de Maduro como temporal, habilitando un encargo inicial de 90 días, con opción de prórroga parlamentaria, según marco constitucional vigente.
La captura de Nicolás Maduro ocurrió la madrugada del 3 de enero, en una ofensiva de fuerzas estadounidenses en Caracas y otros estados del país.
Trasladado por vía aérea a Estados Unidos, Maduro arribó a Nueva York, donde fue presentado ante autoridades federales bajo custodia para procesos penales iniciales abiertos.
Posteriormente fue conducido a una prisión federal en Brooklyn, donde enfrentará cargos por terrorismo y narcotráfico, según reportes oficiales tras audiencias preliminares ante autoridades competentes.
La sentencia establece que el Parlamento venezolano puede extender el encargo por otros tres meses, si persisten causas justificadas conforme procedimientos legales y constitucionales vigentes.
De declararse falta absoluta, la Constitución obliga a convocar elecciones dentro de 30 días, para restituir la legitimidad democrática mediante cronograma electoral supervisado institucional nacional.
El anuncio generó reacciones regionales, con países atentos a impactos fronterizos, flujos migratorios y estabilidad política en Sudamérica, ante escenarios de seguridad y gobernabilidad potenciales.
Autoridades venezolanas señalaron que la transición interina busca preservar servicios públicos, cadena de mando y funcionamiento institucional básico mientras se clarifica la situación política nacional.
Analistas advierten que el proceso requerirá diálogo interno, garantías legales y observación internacional para evitar vacíos de poder durante el periodo excepcional definido por ley.
El desarrollo del caso marcará la agenda política venezolana, con atención global sobre derechos humanos, legalidad y estabilidad institucional en las próximas semanas clave decisivas.