La disputa por la custodia de un menor en Puebla encendió nuevamente el debate sobre la violencia familiar, la perspectiva de género y la actuación del Poder Judicial. Este miércoles 4 de febrero, Alejandra Castillo presentó una queja formal contra la jueza Amada María Teresa Márquez Bermúdez, titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar, luego de que se otorgara la custodia de su hijo al padre, a quien señala como presunto agresor.
A las afueras del juzgado, integrantes del colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia se manifestaron para exigir la revisión del caso, al advertir irregularidades en el proceso judicial y posibles omisiones en la valoración de pruebas. La madre aseguró haber presentado documentación y peritajes que acreditan episodios de violencia ejercida tanto en su contra como en contra del menor.
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De acuerdo con su testimonio, existe un estudio ministerial que evalúa el estado emocional del niño, en el que se advierten afectaciones derivadas de la convivencia con su padre, incluyendo pensamientos de autolesión, situación que —afirma— quedó asentada en el expediente. Además, denunció presiones en el entorno escolar del menor que habrían vulnerado su derecho a la educación.
Alejandra Castillo subrayó que desde mayo de 2025 el niño permanece bajo su cuidado físico y solicitó que esta condición sea reconocida legalmente, priorizando su bienestar y seguridad. “Solo quiero que mi hijo esté bien y que se revise mi caso”, expresó.
Por su parte, Gabriela Rosas, representante del colectivo, señaló que este asunto evidencia prácticas judiciales que siguen privilegiando la figura paterna sin atender los riesgos para niñas y niños. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la infancia debe ser escuchada y protegida, especialmente cuando existen indicios de violencia, sin desestimar testimonios por prejuicios o estereotipos de género.
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