Este miércoles 4 de febrero, Alejandra Castillo presentó una queja en contra de la jueza cuarta de lo familiar, Amada María Teresa Márquez Bermúdez, al denunciar que, pese a haber aportado diversas pruebas por violencia familiar, la autoridad judicial otorgó la custodia de su hijo de 11 años al presunto agresor.
Frente al Juzgado Cuarto de lo Familiar, integrantes del colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia se manifestaron en solidaridad con la madre de familia, denunciando presuntas irregularidades en el proceso judicial y exigiendo que se garantice la seguridad y el bienestar del menor.
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La denunciante explicó que decidió hacer pública su situación ante las “anomalías” en el manejo de su caso, a pesar de haber presentado pruebas de violencia ejercida por el padre de su hijo, tanto en su contra como en contra del niño. Señaló que cuenta con un estudio realizado por autoridades ministeriales para evaluar el estado emocional del menor, el cual forma parte del expediente judicial.
De acuerdo con su testimonio, su hijo habría manifestado sentirse incómodo y afectado por la convivencia con su padre, además de relatar episodios de violencia que habrían derivado en pensamientos de autolesión, situación que, aseguró, quedó debidamente documentada en el proceso legal.
Asimismo, denunció que el padre habría acudido a la escuela donde estaba inscrito el niño para presionar al personal docente y evitar su ingreso, lo que, afirmó, vulneró su derecho a la educación. Alejandra Castillo señaló que desde mayo de 2025 el menor se encuentra físicamente bajo su cuidado, por lo que solicitó que se revise el caso y se le otorgue formalmente la custodia.
Durante la protesta, hizo un llamado a las autoridades estatales para intervenir y revisar el actuar judicial: “Sólo quiero que mi hijo esté bien y que se revise mi caso, porque ya existen pruebas de la violencia que hemos vivido”, expresó.
Por su parte, Gabriela Rosas, representante del colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia, señaló que este caso evidencia prácticas judiciales que continúan privilegiando la figura paterna por encima del bienestar de niñas, niños y adolescentes, sin aplicar perspectiva de género ni atender los riesgos advertidos en los procesos legales.
Explicó que cuando un menor manifiesta afectaciones emocionales o situaciones de violencia, las autoridades están obligadas a priorizar su protección, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no desestimar sus testimonios con base en prejuicios o estereotipos.
“Se siguen repitiendo prácticas que minimizan el bienestar de niñas y niños para favorecer a los padres, sin juzgar con perspectiva de género ni atender los riesgos”, señaló la activista social.
Añadió que, ante expresiones graves de violencia, como pensamientos de autolesión, el sistema judicial debe actuar y garantizar la seguridad del menor.
“La infancia debe ser escuchada; no se puede asumir que miente ni descalificar a las madres con base en estereotipos”, concluyó Gabriela Rosas.
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