La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo públicas las declaraciones patrimoniales de los seis ministros electos por voto popular en junio pasado, un ejercicio de transparencia institucional que dejó ver salarios moderados, ausencia de negocios paralelos y, en varios casos, deudas hipotecarias vigentes.
Los documentos, difundidos el 1 de febrero, indican que los ministros perciben un salario neto mensual de entre 130 y 133 mil pesos, cifra ligeramente menor a la reportada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría declaró no contar con ingresos adicionales, con excepción de Sara Irene Herrerías, quien reportó 404 mil pesos anuales por arrendamiento.
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Uno de los casos más observados es el de Hugo Aguilar, presidente de la Corte, quien reservó la publicidad de sus inmuebles en su declaración inicial. No obstante, registros previos señalan la adquisición, en 1998, de un predio regularizado por la entonces Corett, transformado posteriormente en vivienda mediante autoconstrucción. Aguilar también reportó un vehículo Chevrolet 2017.
En contraste, Arístides Guerrero declaró un crédito hipotecario por 4 millones de pesos; Giovanni Azael Figueroa informó un adeudo inmobiliario, además de un terreno, una motocicleta BMW y pasivos en tarjetas; mientras que María Estela Ríos transparentó varios departamentos y un terreno adquiridos entre 1987 y 2004, con valores históricos diversos.
Finalmente, Irving Espinosa reportó no tener negocios extras y declaró la compra de un departamento de bajo costo en los noventa. En conjunto, las declaraciones dibujan una Corte con perfiles patrimoniales dispares, pero con un denominador común: ingresos sin privilegios extraordinarios y obligaciones financieras claras, en un contexto donde la rendición de cuentas es tema central del debate público.