La batalla legal del exmandatario venezolano Nicolás Maduro escaló a un nuevo nivel luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, rechazara otorgar la licencia que permitiría a Venezuela cubrir los honorarios de su abogado en territorio estadounidense.
Ante el bloqueo financiero, la defensa solicitó al tribunal federal que desestime la acusación por narcotráfico y corrupción, argumentando que la medida vulnera el derecho constitucional del acusado a elegir representación legal. El litigante Barry Pollack sostuvo en una moción que la negativa impide utilizar fondos “no contaminados” provenientes del gobierno venezolano, pese a que Washington mantiene autorizaciones para otras transacciones con Caracas.
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El abogado advirtió que, si la corte no acepta la solicitud, podría retirarse del caso, lo que abriría un nuevo frente de tensión en el proceso judicial. En una declaración jurada, Maduro aseguró que no cuenta con recursos personales suficientes para costear su defensa y que esperaba que el Estado venezolano asumiera los gastos, como ocurrió en su primera audiencia.
Por su parte, el representante legal del gobierno venezolano, Henry Rodríguez Facchinetti, afirmó que los recursos destinados son legítimos y que existe obligación institucional de cubrir la defensa del exjefe de Estado.
El conflicto se desarrolla en medio de un escenario de tensión diplomática entre Caracas y Washington, mientras continúan vigentes las sanciones económicas impuestas desde 2019. Aunque algunas restricciones han sido flexibilizadas, el caso evidencia cómo las medidas financieras impactan directamente un proceso judicial de alto perfil internacional.