Transporte: lucrar con el desorden
El Gobierno estatal dejó claro que la intención de renovar de manera integral el sistema de transporte público llegará hasta sus últimas consecuencias, para sentar las bases de un proceso de ordenamiento profundo y de largo plazo. La coyuntura que hoy vive el servicio público urbano de pasajeros en la capital sólo encuentra un antecedente comparable en la puesta en marcha de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), inaugurada en enero de 2013, uno de los planes emblemáticos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Aquel proyecto implicó la desaparición de 24 rutas tradicionales y el retiro de circulación de más de 700 unidades, una medida que fue interpretada por los transportistas como un despojo de sus licencias para dar paso a un esquema centralizado. Un año después, en marzo de 2015, se registró la detención de concesionarios opositores justo cuando organizaban protestas contra la expansión del sistema con la llegada de la Línea 2. Ante la emisión de órdenes de aprehensión y la presencia de la Policía Ministerial, transportistas de rutas tradicionales como Mayorazgo y Galgos del Sur denunciaron que se vieron obligados a operar en la clandestinidad para evitar ser detenidos. Existe, por decirlo de alguna manera, un pulpo irregular que ha extendido sus tentáculos por toda la mancha urbana, controlando rutas y favoreciendo intereses poco claros de concesionarios que, como ha reiterado el actual Gobierno, fueron beneficiados con la entrega discrecional de permisos, sin un marco normativo ni mecanismos de transparencia. La experiencia demuestra que modernizar el transporte público en Puebla implica mucho más que sustituir unidades o rediseñar rutas: exige voluntad política para enfrentar a los intereses enquistados que han lucrado con el desorden. Ahí es donde se definirá si esta administración realmente marca un antes y un después. ¿Será?
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Congruencia, factor de credibilidad
La incongruencia entre el discurso y la práctica de los funcionarios que integran gobiernos autodenominados humanistas, ha despertado distintas controversias mediáticas, como la polémica generada por la ostentosa celebración de cumpleaños de la delegada de Bienestar, Natalia Suárez del Real. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, fijó una postura que apunta más al fondo ético que a la forma administrativa del caso. Sin emitir un señalamiento directo ni invadir competencias, el legislador optó por subrayar la responsabilidad moral de quienes ejercen cargos públicos, recordando que la exigencia hacia la ciudadanía pierde fuerza cuando no se acompaña de un comportamiento ejemplar desde el poder. El énfasis no estuvo en la procedencia del patrimonio personal, sino en la percepción social que generan los actos de los servidores públicos y su coherencia con los valores que dicen representar. Las declaraciones de Gaspar Ramírez se alinean con el mensaje emitido previamente por el gobernador Alejandro Armenta, quien reiteró la política de cero tolerancia a la corrupción y la obligación de investigar cualquier denuncia. Este discurso conjunto revela una narrativa institucional que busca marcar distancia frente a excesos y reforzar la idea de un Gobierno sometido al escrutinio público. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos, el reto para las autoridades radica en traducir estas posturas en acciones concretas que fortalezcan la confianza ciudadana. En un contexto donde la austeridad y la ética son banderas políticas, la congruencia se convierte no sólo en una exigencia moral, sino en un factor clave para la credibilidad del proyecto gubernamental. ¿Será?