Normalizar la precariedad
La crisis del transporte público en Puebla se percibe y se padece todos los días. Para miles de usuarios, la rutina implica esperas de 20, 30 e incluso 45 minutos para abordar alguna de las rutas que los llevan a sus centros de trabajo o estudio. No se trata de casos aislados, sino de una constante que ha terminado por normalizar la precariedad. A diferencia de otros servicios, en el transporte público no existe una competencia real que permita al usuario castigar la ineficiencia. Si una compañía telefónica ofrece un mal servicio, el consumidor puede cambiar de proveedor. Si un supermercado eleva sus precios, siempre habrá otra opción. Pero en el transporte urbano las alternativas son prácticamente inexistentes. Cambiar de ruta suele significar enfrentar las mismas deficiencias: largas filas, unidades saturadas, tiempos inciertos y condiciones poco dignas. El tiempo perdido en las paradas se traduce en jornadas más largas, mayor desgaste físico y emocional, y una merma directa en la calidad de vida. El transporte público debería ser un servicio eficiente, seguro, limpio y funcional; no un obstáculo diario que complique aún más la dinámica laboral y académica. El problema se ha agudizado tras la salida de al menos tres mil unidades que no cumplieron con la Revista Vehicular. Si bien la supervisión y el cumplimiento de la norma son necesarios, la falta de una estrategia integral para sustituir esas unidades ha terminado por trasladar el costo de la medida a los usuarios. Hoy, quienes pagan las consecuencias de años de desatención, permisividad e inacción no son los concesionarios ni las autoridades, sino los trabajadores, los estudiantes y todos aquellos que dependen del transporte público para sostener su vida cotidiana. Resolver esta crisis exige algo más que operativos temporales: demanda planeación, inversión y, sobre todo, una visión que coloque al usuario en el centro de la política pública. ¿Será?
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Profesionalizar sí funciona
En contraste, los datos presentados ayer por la Secretaría de Movilidad y Transporte ofrecen una lectura distinta sobre el rumbo que podría tomar el transporte público: la profesionalización sí funciona. Después de capacitar a 29 operadores de cuatro rutas, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, se demostró una mejora cercana al seis por ciento en el rendimiento de combustible, así como la reducción de 5.8 por ciento en emisiones de dióxido de carbono por cada 100 kilómetros recorridos, cifras que demuestran que una conducción eficiente impacta directamente en el bolsillo y en el medio ambiente. Y lo más relevante: sin necesidad de renovar unidades ni realizar inversiones tecnológicas costosas. El impacto económico proyectado tampoco es menor. Ahorrar más de 21 mil litros de diésel al año —equivalentes a alrededor de 568 mil pesos— representa un respiro financiero importante para un sistema que constantemente argumenta limitaciones presupuestales. En términos simples, manejar mejor cuesta menos y contamina menos. Sin embargo, estos resultados abren una pregunta necesaria: si la profesionalización garantiza beneficios económicos y ambientales comprobables, ¿por qué el servicio que recibe la ciudadanía sigue siendo deficiente? La evidencia sugiere que el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino en la voluntad de adoptar prácticas eficientes de manera generalizada. El reto ahora no es demostrar que la capacitación funciona, porque los números ya lo hicieron. El verdadero desafío es convertir esta experiencia piloto en política pública permanente y en compromiso real de los concesionarios. ¿Será?