El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal con el objetivo de combatir el delito de despojo inmobiliario. Con estas modificaciones legales, se establecieron penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen en la apropiación ilegal de casas o terrenos.
La medida busca frenar la operación de grupos delictivos que, según autoridades, actúan en complicidad con algunos notarios y funcionarios judiciales para despojar a los propietarios de sus bienes. Actualmente, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en denuncias por despojo, lo que ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos.
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De acuerdo con reportes, estos grupos utilizan diversos mecanismos para cometer el delito. Entre los más comunes se encuentran la invasión violenta, en la que varias personas irrumpen en propiedades deshabitadas, en renta o en litigio, cambiando de inmediato las cerraduras para tomar control del inmueble.
Otro método detectado es el uso de documentación apócrifa, como escrituras o contratos falsificados que, en algunos casos, son validados por juzgados de otros estados para dificultar su verificación inmediata. Asimismo, el Gobierno estatal ha reconocido casos de complicidad institucional, donde estos grupos logran infiltrarse en notarías y en el Poder Judicial para facilitar desalojos ilegales que aparentan ser trámites legales.
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