Morena regresó a lo suyo: las campañas adelantadas, ahora como un importante distractor ante la inseguridad pública, la corrupción y el estancamiento de la economía.

En esa trampa han caído el resto de los partidos políticos aliados como el Verde Ecologista (PVEM) y los opositores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Revolucionario Institucional (PRI).

El Verde desenfundó de inmediato y reposicionó a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, la senadora Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura, retando la desaprobación presidencial de postular a familiares directos.

Manuel Velazco amagó a Morena con ir solos en San Luis Potosí en 2027, si Morena no apoya la candidatura. 

Hizo lo propio un PRI con una copia burda oficialista de designar “defensores de México”, una lista de virtuales candidatos a las 17 gubernaturas, así como el rescate de Rosario Robles Berlanga como parte del elenco del partido tricolor.

Empujados por la inercia del oficialismo, MC también presentó a Luis Donaldo Colosio Riojas, y a la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú, como sus cartas fuertes para retener la gubernatura de Nuevo León.

Aliados y partidos opositores están resueltos a no dejarle la cancha libre al partido oficial para que realice su proceso interno con campaña adelantadas con alto impacto en los votantes, y ellos también (PRI, MC y PVEM) entraron al despliegue de propaganda adelantada.

En este contexto, Acción Nacional clonó el modelo morenista de elegir candidatos por encuesta a las 17 gubernaturas, diputaciones federales, locales y en las alcaldías. 

Total, que aliados y opositores están a la ofensiva ante la agresiva embestida del Partido-Estado que ha incluido en la campaña del 2027 a Claudia Sheinbaum Pardo, en este invento adrede de la revocación de mandato.

La incursión de la presidenta en las campañas intermedias se traduce en una contienda desigual y cierra el círculo de una elección de Estado que favorece en mayor proporción al partido oficial Morena.

Es tal la intención de la fuerza la campaña y elección de Estado que ha motivado reacciones como la del PT quien manifestó sus reservas de respaldar en su totalidad el Plan B presidencial, al calcularla magnitud del atropello en las urnas.

Benjamín Robles, comisionado político del partido, y el diputado Reginaldo Sandoval aseguraron hace unos días que la propuesta electoral generaría inequidad en la contienda para el resto de los partidos debido al tema de la revocación de mandato. 

Al adelantarla y empalmarla con las elecciones del 2027, sólo beneficia a Morena, coincidieron los petistas, postura que contó con la anuencia del jerarca vitalicio Alberto Anaya Gutiérrez. 

El senador petista Luis Armando Melgar también acusó que con la revocación Sheinbaum haría campaña que terminaría beneficiando al partido guinda, pero no a los aliados.

Palacio Nacional han impuesto la agenda político electoral como uno de sus distractores favoritos, pero en ese tren se ha subido la mayoría de la oposición porque ya aprendieron la lección con las “corcholatas” presidenciales en 2024.

Se trata sin embargo de un acto de complicidad de la partidocracia, no sólo por las campañas adelantadas ilegales, sino por el millonario de dispendio de recursos económicos de los cuales no necesariamente se transparenta su origen.

En mayor o menor grado, el uso de los recursos de la federación, estados y municipios será la constante en las 32 entidades, ante el beneplácito de las autoridades electorales locales y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Puebla es un ejemplo de esas prácticas propias del viejo modelo priísta de “partido único”, no sólo por la sospecha fundada del desvío de recursos públicos para propaganda de funcionarios públicos con fines electorales, sino por el uso de la estructura de los gobiernos y la manera en que pueden silenciar a consejeros electorales del IEE.

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