Colectivos denuncian falta de transparencia en el proyecto Cablebús
La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla canceló de manera repentina la segunda mesa de trabajo con el colectivo Agenda Ciudadana, en la que se analizaría el impacto ambiental del proyecto Cablebús. La notificación —enviada durante la noche previa— fue calificada como “irresponsable” por integrantes del grupo ciudadano, quienes buscaban continuar el análisis técnico del plan de transporte.
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Durante la primera reunión, explicó Antonio Ferrer, arquitecto especializado en diseño urbano, las autoridades estatales no presentaron información sustancial. Según relató, únicamente se limitó a señalarse que el proyecto apenas había sido ingresado a revisión, mientras se solicitaban datos complementarios.
El conflicto se intensificó tras la entrega de un pliego petitorio por parte de Agenda Ciudadana. En él se exige claridad sobre la reforestación del llamado “Bosque Urbano”, programa con el que el Gobierno de Puebla pretende sembrar 10 mil árboles como compensación por el derribo de ejemplares maduros que se ubican en la zona del proyecto.
Entre las irregularidades señaladas destaca la plantación de Acacia melanoxylon, una especie exótica que no forma parte de la paleta vegetal autorizada en la capital poblana. Las autoridades argumentaron que dichos árboles fueron donados por una empresa privada, aunque activistas sostienen que la Ley de Arbolado Urbano impide su utilización en espacios públicos.
Especialistas también alertaron sobre el posible uso de hexacloruro de azufre como aislante en el sistema eléctrico del Cablebús, compuesto considerado un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono (CO₂).
A ello se suma el riesgo para la fauna del Parque Juárez, donde biólogos han registrado 47 especies de aves, incluidas algunas migratorias. El tendido de cables y el movimiento de cabinas —advierten— podría afectar este corredor biológico urbano.
Mientras crecen las protestas de estudiantes de la BUAP y la IBERO, que han señalado el proyecto como un posible “ecocidio”, el gobierno estatal mantiene en reserva por cinco años el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y otros documentos técnicos. Pese a ello, el Ayuntamiento de Puebla continúa con los trámites para avanzar en la obra.
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