La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a poner sobre la mesa su Plan B de austeridad legislativa, una propuesta que busca reducir privilegios políticos en congresos estatales y ayuntamientos para redirigir esos recursos directamente a las comunidades.
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que el objetivo central es disminuir el número de regidores en municipios, así como recortar gastos en el Senado y en los congresos locales, con el fin de liberar presupuesto que actualmente se utiliza en el funcionamiento de estructuras legislativas.
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La presidenta enfatizó que el dinero ahorrado no sería absorbido por la Federación, sino que permanecería en los estados y municipios, donde podría utilizarse para resolver problemas urgentes de infraestructura básica.
De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, estos recursos podrían canalizarse a obra pública municipal, principalmente para atender necesidades cotidianas de la población como bacheo de calles, acceso a agua potable, drenaje y servicios urbanos.
En ese contexto, Sheinbaum cuestionó el elevado costo que representan algunos congresos locales, al señalar que existen diferencias significativas entre entidades federativas. Como ejemplo, mencionó que en Baja California el gasto anual por diputado local alcanza los 38 millones de pesos, mientras que en Colima el costo ronda los 5 millones de pesos por legislador.
Aunque aclaró que ese presupuesto no corresponde únicamente al salario de los diputados —pues también cubre gastos operativos, personal y servicios—, la presidenta planteó la necesidad de revisar la eficiencia del gasto legislativo.
Incluso puso como referencia el municipio de San Quintín, en Baja California, considerado uno de los más rezagados del país. Para la mandataria, redirigir parte de esos recursos permitiría financiar proyectos de agua potable y servicios básicos para la población.
Con este planteamiento, el gobierno federal abre un nuevo debate sobre el costo del aparato legislativo en México y la posibilidad de reorientar el gasto público hacia necesidades sociales prioritarias.