Colectivos feministas señalan retrasos y resoluciones que favorecen a agresores
En el marco de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer, colectivas de madres víctimas de violencia vicaria en Puebla realizaron una manifestación frente al Poder Judicial del Estado de Puebla para exigir acceso a la justicia, revisión de expedientes y atención inmediata a sus casos.
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La protesta fue encabezada por integrantes de la Colectiva Madres por el Derecho al Cuidado y a una vida libre de violencia, quienes denunciaron presuntas irregularidades en resoluciones judiciales, así como procesos legales prolongados que —aseguran— han favorecido a presuntos agresores y provocado la separación de madres con sus hijas e hijos.
Las manifestantes se concentraron inicialmente en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, desde donde marcharon hacia las instalaciones del tribunal estatal y posteriormente hacia el Poder Judicial de la Federación. Con pancartas y consignas, exigieron celeridad en audiencias, transparencia en los procesos y el fin de lo que describieron como violencia institucional.
Durante el posicionamiento público, Angélica —una de las participantes— denunció que, aunque su agresor, Luis Enrique N., ya fue vinculado a proceso, aún desconoce el paradero de su hijo menor. Señaló además que el imputado continúa laborando en la Secretaría de Educación Pública, lo que, afirmó, agrava la sensación de impunidad.
Las colectivas también solicitaron una revisión interna de expedientes, así como del actuar de jueces y personal judicial que interviene en estos procedimientos. Aseguran que en algunos casos no se está priorizando el interés superior de la niñez, principio clave en los procesos familiares.
De acuerdo con las manifestantes, la violencia vicaria ocurre cuando un agresor utiliza a hijas e hijos como mecanismo para dañar emocional o legalmente a las mujeres, frecuentemente mediante la manipulación de procesos judiciales.
Las madres advirtieron que continuarán con movilizaciones en Puebla hasta que sus casos sean revisados y existan mecanismos que garanticen justicia y protección para niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.
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