Con una votación mayoritaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, una reforma clave que promete impulsar el desarrollo económico y la prosperidad compartida, pero que también ha generado críticas por la eliminación de mecanismos de supervisión legislativa al gasto público.
El dictamen obtuvo 359 votos a favor y 80 en contra en lo general, mientras que en lo particular fue avalado con 315 votos a favor, lo que permitió su envío inmediato al Senado para su revisión constitucional. La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reforzando el papel del Ejecutivo en la gestión de recursos.
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Entre los puntos más relevantes destaca que la nueva legislación busca incentivar la inversión en infraestructura pública estratégica, mediante esquemas que involucren al sector público, privado y social. El objetivo central es detonar el crecimiento económico, reducir las brechas de desigualdad y ampliar el acceso a servicios básicos en distintas regiones del país.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos es la decisión de la mayoría legislativa de eliminar controles de supervisión que anteriormente correspondían al Congreso, lo que ha encendido alertas sobre la transparencia del gasto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de emitir lineamientos sobre el uso de recursos, incluyendo límites, origen de financiamiento e indicadores de desempeño. Además, podrá crear mecanismos financieros específicos para coordinar proyectos con la iniciativa privada.
La reforma plantea consolidar un modelo de desarrollo sostenible y regional, aunque su impacto real dependerá de la implementación y vigilancia en las siguientes etapas legislativas.