La detención de una mujer en el área de equipaje del aeropuerto internacional de San Francisco por parte del ICE reavivó el debate sobre agentes migratorios en terminales aéreas.
Esta medida fue ordenada por el gobierno de Donald Trump ante la escasez de personal de seguridad derivada del bloqueo presupuestario en el Congreso, que afectó a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
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El despliegue de agentes migratorios comenzó ayer en al menos 14 aeropuertos, incluidos Nueva York, Chicago y Atlanta, donde la falta de funcionarios provocó largas filas y retrasos para los pasajeros.
La intervención del ICE en tareas de supervisión y logística, fuera de su ámbito tradicional, derivó en detenciones que encendieron la polémica sobre el alcance de sus facultades.
Esta medida ocurre en un contexto de parálisis parcial del gobierno federal, que dejó sin salario a trabajadores de la TSA, aumentando ausencias y obligando a redistribuir funciones para mantener operativos los aeropuertos.
El asesor migratorio Tom Homan explicó que el objetivo es que la TSA concentre recursos en controles de seguridad, mientras que el ICE apoya en la gestión de flujos de pasajeros.
Sectores políticos cuestionaron la medida por el riesgo de ampliar la presencia de una agencia vinculada a operativos antiinmigración en espacios con viajeros nacionales e internacionales.
El congresista demócrata Hakeem Jeffries advirtió sobre riesgos operativos, mientras la senadora republicana Lisa Murkowski señaló que estas tareas no corresponden al mandato institucional del ICE.
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