Así se construyeron las reformas de la transición democrática en los 90: dando espacio al diálogo, la negociación y los consensos de las fuerzas políticas. Para la que ahora se plantea sólo se buscó el aval de los partidos asociados o satélites, al parecer sin conseguirlo; a la verdadera oposición ni siquiera se le considera interlocutor.
Además, la iniciativa contiene cambios muy problemáticos para otras dos condiciones esenciales de un sistema electoral funcional: certidumbre y equidad. Puede debilitar al INE y su capacidad de organizar procesos electorales confiables, y en paralelo, ampliar las ventajas del oficialismo.
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Por si fuese poco, no estamos ante una reforma sólo electoral: se extiende al régimen político, con cambios en materia de representación, y no para lograr que ésta sea más fiel a nuestra diversidad ideológica. Al contrario, apunta, efectivamente, a más sobrerrepresentación y a una hegemonía partidista como la que creíamos dejada atrás.
Se desechó la propuesta de eliminar a todos los legisladores plurinominales, pero no en el Senado. Ahí habría una reducción de 128 escaños a 96: dos por estado al partido con mayoría relativa, sumando 64; uno más por entidad al segundo lugar, para 32; y adiós a los 32 plurinominales, bajo el criterio de que esta cámara, en estricto sentido, no representa al soberano, es decir, a los ciudadanos, sino al pacto federal, a los Estados Unidos Mexicanos.
En teoría, así tendría que ser, pero en el sistema político mexicano realmente existente, el Senado tiene atribuciones que corresponderían en exclusiva a la representación ciudadana. Por eso, el cambio propuesto puede dar lugar a más concentración de poder y exclusión de minorías.
Incluso obteniendo menos de una tercera parte de los votos en los 32 estados, un partido podría hacerse de los 64 escaños de mayoría y tener así las dos terceras partes de la cámara. No el “carro completo” de antaño, pero lo suficiente, o casi, para nombramientos o cambiar la Constitución sin contrapesos.
En la Cámara de Diputados se mantendrían los 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero en los segundos, las curules se asignarían por votación directa con un mecanismo diseñado para que ya no sean las “élites partidistas” quienes decidan al poner el orden de preferencia en sus listas.
La fórmula mezcla a 100 de los “mejores perdedores” en los comicios distritales y 100 de los candidatos de las listas plurinominales más votados por circunscripciones (cinco grandes divisiones geográficas). En ambos casos, por partido. Suena enredoso y lo es, sin que se les quite a las cúpulas partidistas la llave de acceso, por ejemplo, con reglas de elecciones primarias.
Más que empoderar al elector, esto podría ser caldo de cultivo para más “innovaciones” de fraude, como los “acordeones” de la elección judicial del año pasado.
En la parte electoral, los problemas no son menores. Una prioridad es ahorrar dinero y se afirma que el costo de las elecciones bajaría 25%, para lo que se plantean recortes presupuestales al INE y al financiamiento público a los partidos.
Entre lo más grave estaría la eliminación de las juntas distritales, donde se organizan las elecciones, con un servicio profesional de carrera consolidado con los años para asegurar comicios confiables. Sus funciones las realizarían órganos temporales. Sería otro ejemplo, entre los muchos de los últimos años, de destrucción de instituciones a cambio de ahorros mal entendidos.
Afortunadamente, fue descartada la eliminación del PREP (Programa de Resultados Preliminares), uno de los elementos más preocupantes de lo presentado en los últimos días. Sin embargo, los otros que comentamos son más que suficientes para rechazar una reforma que, además, no toca problemas que sí requieren atención urgente.
Se plantea una mayor fiscalización de las campañas y los partidos, con aciertos como la prohibición del efectivo. Sin embargo, no se ve ninguna disposición efectiva para combatir la creciente infiltración del crimen organizado en las elecciones y la política, ni tampoco contra las prácticas de intercambios de favores, como entre proveedores y candidatos.
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