La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a discutir un proyecto que ha generado fuerte controversia pública. Se trata de la propuesta impulsada por la ministra Lenia Batres, la cual plantea modificar el criterio para calcular las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente derivadas de accidentes, lo que podría representar una reducción superior al 50% en los montos que reciben las víctimas o sus familias.
El proyecto propone que, aunque el Código Civil establece que dichas compensaciones deben calcularse con base en el salario mínimo, el monto final se determine utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), indicador que suele ser menor y que se utiliza para diversos cálculos administrativos. De aprobarse esta interpretación jurídica, el resultado sería una disminución considerable en las compensaciones económicas por accidentes.
Suscríbete a nuestro canal
La discusión resurgió luego de que la Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes (APROVIAC) alertara sobre el impacto que esta decisión podría tener en miles de familias mexicanas que enfrentan la pérdida de un ser querido o las consecuencias de una incapacidad permanente. La organización advirtió que modificar el criterio beneficiaría principalmente a quienes deben cubrir dichas indemnizaciones, como aseguradoras o grandes empresas, mientras que afectaría a las víctimas.
No es la primera vez que el asunto llega al máximo tribunal. El proyecto fue retirado previamente en octubre de 2025 tras las críticas públicas y cuestionamientos de especialistas. En aquel momento, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que el tema requería un análisis más profundo antes de emitir un criterio definitivo.
La controversia incluso llegó a la conferencia matutina del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Corte “no debe cambiar lo que establece la ley respecto al cálculo de las indemnizaciones”, al considerar que el máximo tribunal no tiene facultades para legislar en esta materia.
El debate se da en un momento clave para la SCJN, cuyos integrantes asumieron funciones en septiembre de 2025 con la promesa de impulsar una justicia más cercana a la ciudadanía. La resolución que se tome podría marcar un precedente nacional sobre cómo se calcularán las indemnizaciones por muerte o incapacidad en México.