Extorsiones se duplican
El reconocimiento público del alcalde José Chedraui sobre la repetición de extorsiones por parte de supuestos funcionarios municipales no sólo revela un problema administrativo, sino que confirma una tendencia más amplia y preocupante: en los primeros 11 meses de 2025, las denuncias por este delito alcanzaron 244 casos, frente a 129 en 2024, lo que representa un incremento de 122.2%. Aún más alarmante es el aumento en los reportes de cobro de piso, que pasaron de 66 en 2024 a 134 en 2025, es decir, un alza del 103%. Este tipo de prácticas, asociadas comúnmente al crimen organizado, sugiere una mayor presión sobre los negocios y un posible debilitamiento en los mecanismos de control y prevención. La puesta a disposición de cuatro empleados de Normatividad, acusados de realizar cobros ilegales a comerciantes, abre cuestionamientos sobre la profundidad del problema dentro de la propia estructura gubernamental. La reiteración de estos casos sugiere que no se trata únicamente de conductas individuales, sino de fallas sistémicas en supervisión, control interno y rendición de cuentas. El desafío para la autoridad municipal no es sólo sancionar a los responsables, sino frenar una tendencia delictiva que, de no contenerse, podría erosionar la confianza ciudadana y el clima de inversión. ¿Será?
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Informalidad criminal
En este sentido, la movilización de ayer de locatarios del Mercado Morelos visibilizó la presión que enfrentan por el llamado cobro de piso. De acuerdo con sus testimonios, las extorsiones se manifiestan en exigencias constantes de pago por parte de grupos delictivos, con consecuencias claras para quienes no acceden: amenazas, agresiones físicas y robo de mercancía. Esta situación, señalaron, impacta no sólo en sus ingresos, sino también en la afluencia de clientes, al generarse un entorno de inseguridad. La exigencia de operativos permanentes es comprensible, pero ¿basta con mayor presencia policial para desarticular redes de extorsión que operan con arraigo y, en ocasiones, con complicidades? La experiencia en otras ciudades sugiere que sin inteligencia financiera, persecución judicial efectiva y mecanismos de denuncia seguros, los operativos tienden a ser paliativos más que soluciones. La respuesta institucional será clave: o se atiende de raíz el problema, o se seguirá permitiendo que la economía formal sea rehén de la informalidad criminal ¿Será?
Subordinación legislativa
La posibilidad de que el Congreso de Puebla convoque a una sesión extraordinaria, aún en periodo de receso, ante el avance del llamado Plan B de la Reforma Electoral, exhibe la dinámica de alineación política impulsada por Morena, entre los ámbitos estatal y federal. Las declaraciones del diputado local Pavel Gaspar dejan claro que existe una disposición de ajustar, casi de inmediato, el marco normativo local en función de lo que se determine a nivel nacional. Bajo el argumento de la “armonización”, la Legislatura poblana se coloca en una posición reactiva, pendiente de los tiempos y decisiones del centro. Resulta pertinente cuestionar hasta qué punto estos procesos permiten un análisis propio, contextualizado en las particularidades del estado. La rapidez con la que se anticipa la discusión y eventual aprobación de la reforma podría limitar el espacio para el debate plural y la revisión crítica. Más allá de la logística legislativa, el fondo del asunto radica en la calidad del proceso democrático. ¿Será?