El pleno de Cámara de Diputados de México aprobó la declaratoria de constitucionalidad para eliminar las pensiones doradas en organismos públicos.
La reforma impacta directamente a extrabajadores de entidades como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
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El objetivo principal es establecer límites a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos.
La medida fue avalada tras recibir el respaldo de al menos 20 congresos estatales, requisito necesario para su validación constitucional.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó la aprobación del cómputo legislativo.
Con esta reforma, se modifica el artículo 127 de la Constitución, que regula las remuneraciones de servidores públicos.
El Congreso de la Unión busca con esta medida generar un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales.
Actualmente, algunos jubilados de Pemex reciben pensiones hasta 39 veces superiores al promedio nacional.
En el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro, existen extrabajadores con ingresos hasta 140 veces mayores que la media.
Estas cifras han generado críticas por el uso de recursos públicos en beneficios considerados excesivos.
La reforma será enviada a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
El ajuste busca fortalecer la equidad en el sistema de pensiones y mejorar la sostenibilidad financiera del Estado.
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